El Gobierno foral de Álava, sustentado por PNV y PSE, ha reiterado que el proyecto eólico de Labraza “cuenta con todas las garantías legales” para ejecutarse, al tratarse de un plan “viable con respecto al medio ambiente, la biodiversidad y equilibrio territorial”. Esta defensa choca con la postura de los grupos de la oposición en las Juntas Generales (EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox), que sostienen que el parque “atenta” contra el entorno natural y lo consideran consecuencia del “fracaso y la falta de previsión de la política energética en Euskadi”.
El debate se ha celebrado este miércoles en el Pleno de las Juntas Generales de Álava, a raíz de una iniciativa de Elkarrekin Araba, que ha registrado una moción para reclamar la paralización de las obras del parque eólico. Ninguna de las propuestas planteadas por la coalición morada, EH Bildu y el propio Gobierno foral (PNV-PSE) ha logrado el respaldo suficiente para ser aprobada por la cámara alavesa.
El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite dos recursos contencioso-administrativos contra la autorización administrativa previa y contra el plan especial del parque, al entender que se tramitó “sin la debida información pública, sin el estudio del impacto ambiental estratégico requerido y sobre terrenos protegidos por su valor natural”.
Rodríguez ha insistido en que el procedimiento se ha desarrollado con “falta de participación ciudadana y con un fraccionamiento del proyecto, para evitar que se realice una evaluación ambiental estratégica completa”. También ha advertido de que la instalación implicará una “deforestación significativa, afecciones a la bifauna y una alteración irreversible del paisaje y los ecosistemas de la zona”.
En este contexto, ha criticado el inicio de las obras tras recibir “el visto bueno del Ayuntamiento de Oyón”, y ha subrayado que, a su juicio, “los beneficios económicos que recibirá el Ayuntamiento no compensan ni de lejos las amenazas al paisaje, patrimonio y a la biodiversidad”.
Desde EH Bildu, el procurador Xabier Valdor ha reclamado “autocrítica” al Gobierno foral por su “falta de previsión y planificación” en el despliegue de las renovables, acusándole de “embarrar y diseñar una estrategia comunicativa que adjudica la responsabilidad de sus propias inacciones a las entidades locales, aquellas que menos recursos y menos competencias tienen en esta materia”.
Valdor ha reiterado su oposición al parque eólico de Labraza, al considerar que genera “una afección, sobre todo paisajística, irreparable” y ha puesto en duda que en Aixendar, sociedad promotora del proyecto, “no prima el interés general”, ya que, según ha remarcado, en ella participan “una multinacional, Iberdrola, que tiene el 60% de la participación y una administración, el Gobierno Vasco, que tiene un 40%”.
Defensa del proyecto por parte de PNV y PSE
El juntero del PNV Garikoitz Bengoa ha sostenido que el parque eólico de Labraza “cuenta con todas las garantías legales para acometer las obras”, por lo que, a su entender, “no hay motivos para solicitar la suspensión”, al tratarse de un proyecto “viable con respecto al medio ambiente, la biodiversidad y equilibrio territorial”. “Es socialmente sostenible e imprescindible en la transición energética y, por eso mismo, nuestra firme defensa del proyecto que ha cumplido con todos los requisitos”, ha remarcado.
Bengoa ha añadido que “ojalá pronto tengamos otro proyecto como el de Labraza, ejemplo del buen trabajo de la colaboración público-privada en la apuesta hacia la transición energética y las energías renovables”. Además, ha precisado que la admisión a trámite del recurso ante el TSJPV “no implica ningún juicio sobre la legalidad del proyecto”. “Simple y llanamente significa que el término del recurso se ha realizado de manera correcta”, ha apuntado.
Por su parte, el procurador del PSE Esteban Martiarena ha calificado la iniciativa de Elkarrekin como “una moción de bloqueo y el bloqueo en el contexto climático actual es una irresponsabilidad política”. “Mientras aquí discutimos y todo debe pararse, el cambio climático no se paraliza, las emisiones no se suspenden y la dependencia energética no se congela por decreto”, ha señalado.
Martiarena ha defendido que la petición de paralización carece de fundamento, dado que “no existe una resolución judicial que determine la paralización cautelar del proyecto de energía renovable”. También ha recalcado que “no quiere decir nada que se admita a trámite un recurso”, porque “no cabe no admitirlo”, y ha subrayado que ello “no quiere decir que se vaya a estimar ni nada por el estilo”.
Críticas del PP y Vox y movilización social
Desde el PP, el juntero Borja Monje ha explicado que, “lamentablemente”, su grupo no puede respaldar la paralización del parque, ya que “no está en una fase preliminar, sino que está ya adjudicado y a punto de empezar, en mayo”.
Monje ha arremetido contra el proyecto de Labraza, al que ha descrito como “un espectáculo de incoherencia política, de giros de guion y un nuevo desastre”, que atribuye al “fracaso” de la política energética en Euskadi, “baja la clara responsabilidad del PNV”, formación a la que acusa de “permite implantar un proyecto que altera de manera significativa uno de los paisajes más emblemáticos de Rioja Alavesa”.
El procurador de Vox Jonathan Romero ha expresado su respaldo a que “se detenga un proyecto que amenaza el paisaje, los montes, ecosistemas y la vida rural de los pueblos”, aunque ha cargado contra la izquierda, a la que acusa de que “se esconde detrás de discursos moralistas, mientras aplica políticas destructivas desde Bruselas y desde sus gobiernos”.
Mientras se desarrollaba la sesión plenaria en la cámara alavesa, en el exterior, la plaza de la Provincia ha sido escenario de una concentración convocada por la plataforma Araba Bizirik, en apoyo al pueblo de Labraza y para exigir la paralización de la central eólica prevista en el municipio.