QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular de Bizkaia ha requerido la presencia de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, para que esclarezca la gestión ‘opaca’ y los detalles que envolvieron la firma del acuerdo con la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).
Mediante un comunicado, el PP ha rememorado que el pacto, establecido el 7 de junio de 2023, se formalizó ‘apenas 15 días antes de la constitución de las Juntas Generales, en un momento de transición institucional, y sin constar informes públicos ni registro oficial de su publicación’.
Además, ha destacado que el convenio, ‘dotado con 250.000 euros, multiplicó por cinco la cantidad inicialmente prevista de 50.000 euros, sin que exista documentación que justifique este aumento’.
Para el PP es ‘especialmente grave que la Diputación impulsara el acuerdo en favor de una entidad cuya gestión ha sido puesta en entredicho tras la denuncia presentada por la Federación Española de Pelota, que acusa a la FIPV y a la Federación Vasca de haber cometido irregularidades en la votación de la asamblea internacional’, calificando el proceso de ‘opaco y antidemocrático’.
Los populares también demandan ‘aclarar si la Diputación tenía conocimiento de estos hechos en el momento de la firma, si valoró su impacto institucional y si prevé abrir una investigación interna para determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas’.
Adicionalmente, exigen explicaciones sobre la participación de la Federación Vasca en el convenio, ‘pese a que la representación internacional corresponde legalmente a la Federación Española de Pelota’.
La portavoz del PP en Juntas Generales, Raquel González, ha enfatizado que ‘no se puede firmar un convenio de 250.000 euros sin control ni transparencia’. ‘Los vizcaínos merecen saber cómo se gestionó este acuerdo y por qué se actuó de espaldas al control político y sobre todo que justifique el gran sobrecoste’, ha señalado.
Desde el PP han reiterado que este caso ‘debe servir para reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia en la gestión de fondos públicos incluso en tiempos de transición’ y solicitan explicaciones urgentes sobre un convenio que, según ellos, ‘deja muchos interrogantes sin contestar’.
