El lehendakari, Imanol Pradales, ha instado al Gobierno de España y al resto de instituciones implicadas a actuar con “máxima diligencia” para “reclamar juicios rápidos, la necesidad de contar con más plazas ante la saturación que vive los juzgados vascos y el impulso a la prisión preventiva”.
En su intervención, Pradales ha rememorado las iniciativas que el Ejecutivo Vasco ha trasladado al Estado para “garantizar la seguridad en las calles de Euskadi” en todos aquellos ámbitos en los que “son competentes”, a raíz de una pregunta de Vox sobre la puesta en marcha de medidas para “frenar la creciente delincuencia en el País Vasco”.
El lehendakari ha pedido al Estado “la misma autoexigencia” que aplica el Gobierno vasco en materia de seguridad, y ha subrayado que el próximo año se incrementará en 54,4 millones de euros el presupuesto del Departamento de Seguridad, lo que supone un 6,4% adicional. Ha recordado también el acuerdo para alcanzar los 8.000 efectivos en la Ertzaintza en 2030 y una “mayor presencia policial en los lugares con mayor criminalidad”.
Pradales considera “positivo” que el Congreso de los Diputados haya dado trámite al endurecimiento del Código Penal, aludiendo a que las estadísticas reflejan que “una de cada ocho personas detenidas por la Ertzaintza han delinquido más de una vez”. En este contexto, ha defendido que, “si estas personas fueran juzgadas de forma rápida, habría menos delincuencia y decrecería la sensación de inseguridad ciudadana”.
El lehendakari ha resaltado igualmente el impacto del “Plan de Acción de Armas Blancas y Objetos Peligrosos” y la coordinación frente a asentamientos ilegales y locales okupados que “ya están dando resultados”. Ha remarcado que “todos los homicidios ocurridos en Euskadi este año han sido investigados y aclarados”, que se han retirado de las calles más de 5.000 armas blancas y objetos peligrosos, y que 4.338 mujeres víctimas de violencia han recibido atención hasta el mes de septiembre.
Tras afirmar que “reducir la delincuencia es uno de los principales objetivos”, ha insistido en la creación del foro de seguridad y en el compromiso de aprobar el “Plan 2030 de Seguridad Pública de Euskadi” antes de que finalice el presente curso político.
“Tolerancia cero contra quienes agreden, roban, trafican, o atentan contra la convivencia en este país. No vamos a permitir desde el Gobierno que nadie sienta miedo en las calles de Euskadi. La seguridad no se negocia, se garantiza”, ha concluido Pradales en su intervención.
“Medidas contundentes” reclamadas por Vox
Por otro lado, la parlamentaria del Grupo Mixto Vox, Amaia Martínez, ha reclamado “medidas contundentes para frenar la creciente delincuencia en el País Vasco”, con el objetivo de “poner soluciones sobre la mesa, reconocer la realidad, valorar que se está haciendo y tomar decisiones valientes para acabar lo antes posible con esa delincuencia importada y también con la que no lo es”.
Martínez ha pedido actuaciones específicas frente al aumento de armas blancas en las calles del País Vasco, denunciando que se ha incautado “un número insuficiente de ellas”. Ha reclamado igualmente los “8.000 ertzainas prometidos” y la mejora del equipamiento de la policía autonómica, además de “frenar la lacra de agresiones sexuales que no deja de crecer” y que, “ahora sabemos, que un 68% de las personas detenidas en lo que va de año en este ámbito son de origen extranjero”.
“Tenemos derecho a saber y a tomar decisiones basadas en el conocimiento de la realidad. Llevan años ocultando lo que ahora todos sabemos gracias a Vox, que los extranjeros en Euskadi, que apenas suponen el 14% de las personas afincadas, cometen el 64% de los delitos, el 68% en caso de agresiones sexuales, el 61% en los homicidios y el 82% en los robos con violencia”, ha remachado la parlamentaria.