El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha confirmado que ha puesto en marcha una investigación interna para examinar “el uso de la fuerza policial empleada” durante una concentración pro-Palestina celebrada el pasado 13 de diciembre en Bilbao. La movilización, en la que los asistentes permanecieron sentados y tumbados sobre las vías del tranvía durante aproximadamente media hora, denunciaba la implicación de la empresa CAF en proyectos en Palestina y terminó con una persona detenida.
El Departamento reconoce igualmente que no dispone de registros de agentes de la Ertzaintza heridos o “que fueran atendidos en centros médicos” tras esta protesta, convocada y comunicada por el colectivo Palestinaren Aldekoak, pese a que sostiene que los ertzainas fueron “hostigados y agredidos”.
Estas precisiones aparecen en una contestación parlamentaria del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a una iniciativa de Sumar sobre el operativo policial y sobre la nota de prensa difundida ese mismo día por el Departamento de Seguridad. En aquel comunicado oficial se “condenaba la agresión a los agentes que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía” y se afirmaba que “al menos cuatro agentes han resultado contusionados y acudirán a la mutua”.
En su escrito, el parlamentario de Sumar Jon Hernández reclamaba detallar “cuántos agentes requirieron atención sanitaria, en qué centro médico fueron atendidos así como qué partes de lesiones existen” y si “hubo algún traslado hospitalario”. Zupiria responde que “no se tiene constancia de agentes de la Ertzaintza heridos o que fueran atendidos en centros médicos con motivo de los hechos ocurridos”.
Hernández planteó igualmente “por qué motivo se difundió públicamente” la cifra de “cuatro agentes heridos” cuando, según el colectivo convocante y las grabaciones disponibles, “no consta atención médica a ningún agente”. El consejero de Seguridad sostiene que “los agentes intervinientes resultaron hostigados y agredidos mediante fuertes patadas y empujones por parte de algunos de los manifestantes” y puntualiza que “cosa distinta es que recibieran atención médica en el lugar”.
Sumar pregunta además si el Departamento de Seguridad estima que “la difusión de una versión oficial que no se corresponde con los hechos puede vulnerar el derecho fundamental a la protesta y a la libertad de expresión”. “No es el caso”, replica Zupiria en su respuesta.
Investigación interna en marcha
En la contestación, fechada el pasado viernes 16 de enero, Zupiria indica que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación “en la que, entre otros aspectos, se analizará el uso de la fuerza policial empleada”.
El consejero argumenta que la Ertzaintza intervino ante “la sentada” porque “provocó la interrupción total del servicio tranviario y generó una situación de riesgo para las personas concentradas y para la seguridad ciudadana en general”.
Tras negar que se produjera una carga policial, detalla que los agentes “utilizaron el bastón policial y las manos para que la gente se desplazara hacia atrás y, así, garantizar su seguridad y formar un perímetro de seguridad para realizar la labor policial”.
En relación con las agresiones denunciadas por los agentes, Zupiria expone que, cuando los ertzainas procedieron a identificar a la persona que encabezaba la concentración y a detener a otra por un presunto delito de desobediencia grave, los asistentes a la protesta “comenzaron a entorpecer la actuación policial”.
Según precisa, en ese contexto se vieron obligados en varias ocasiones a “usar la fuerza mínima indispensable, adecuada y proporcional, para contener a quienes se abalanzaban sobre ellos, les empujaban, golpeaban el escudo policial, les lanzaban patadas, les insultaban e, incluso, les arrancaron material policial”.
El consejero añade que se procedió a la detención de una persona porque “intentó, de manera activa, la no identificación de la persona que lideraba la concentración, manteniendo una obstrucción continuada y prolongada en el tiempo”.