El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha instado al Gobierno Vasco a que adopte medidas frente a La Gilda del Norte “por vulnerar los derechos de los trabajadores” y a que ofrezca explicaciones sobre la presencia de esta firma en el stand “Euskadi Basque Country” del Salón Gourmets de Madrid “tras su condena por delitos contra los derechos de los trabajadores”.
Según ha detallado la coalición en una nota pública, Hernández ha registrado varias preguntas en el Parlamento Vasco para que el Ejecutivo precise “si cree que es posible promocionar y colaborar con una empresa que se ha demostrado que estaba cometiendo estos delitos graves contra los trabajadores”.
El parlamentario ha cuestionado que la compañía haya sido incluida en un espacio promocional impulsado por el propio Gobierno de Euskadi en el Salón Gourmets de Madrid. A su juicio, “no es compatible que una empresa que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de trabajadores extranjeros; que tiene a la gente contratada sin seguridad social; y que obligaba a esconderse a los trabajadores ante inspecciones, pueda ser promocionada por el propio Gobierno Vasco”.
Críticas a la participación de la empresa en un stand institucional
El representante de Sumar califica de “aberrante” que “una empresa recién condenada por este tipo de delitos contra los trabajadores pueda estar participando en algo impulsado desde la Administración pública”.
En este sentido, Hernández ha subrayado que “queremos saber si el Departamento de Alimentación y Desarrollo Rural tiene en cuenta el respeto a los derechos de los trabajadores cuando colabora, impulsa o promociona a empresas del sector”.
Además, reclama que el Gobierno autonómico dé detalles sobre las decisiones tomadas en este caso y “si va a tomar alguna medida en relación a la participación de esta empresa” en este tipo de ferias y eventos.
El parlamentario solicita también que se aclare “qué papel juega” La Gilda del Norte en la organización del stand, en qué momento se acordó su presencia y si el Ejecutivo “realizó alguna objeción pese a conocer la existencia de un juicio por delitos contra los trabajadores”.