El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha comunicado que su formación ha logrado introducir en el Proyecto de ley de transparencia de Euskadi una serie de modificaciones que “refuerzan la independencia” de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena y evitan que su Presidencia sea designada de forma directa por el Gobierno Vasco.
Según ha detallado Sumar en una nota de prensa, estas variaciones se han incorporado al articulado durante los trabajos de la ponencia del Parlamento Vasco encargada de analizar las enmiendas al proyecto normativo. “A pesar de que estamos ante una mala ley de transparencia, hemos evitado que la Autoridad la elija a dedo el Gobierno Vasco”, ha manifestado Hernández.
El representante de Sumar ha acusado al PNV y al PSE de que “pretendían controlar el órgano que debe fiscalizarles”, una intención que ha tildado de “inaceptable”. “¿Cómo va a velar por la transparencia alguien nombrado directamente por el propio Gobierno?”, se ha preguntado.
Entre los cambios acordados figura la obligación de elaborar un informe anual que recoja una evaluación del grado de cumplimiento de la ley, la detección de incumplimientos significativos y una sistematización de conclusiones que permita comparar los datos y seguir su evolución a lo largo del tiempo.
Este informe deberá remitirse al Parlamento Vasco y presentarse en sede parlamentaria mediante comparecencia, incorporando además indicadores y una metodología que permitan una evaluación objetiva, comparable y orientada al control efectivo.
Designación de la Presidencia y desacuerdo político
En lo relativo al nombramiento de la Presidencia de la Autoridad, Hernández ha remarcado que la persona titular será escogida por el Parlamento Vasco con una mayoría de tres quintas partes, “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”. “La Presidencia ejercerá sus funciones con plena independencia y no estará sujeta a instrucción alguna”, ha añadido.
Hernández, tal y como ya adelantó la pasada semana, ha insistido en que “existe una gran distancia entre el planteamiento del Gobierno Vasco y el de Sumar”, lo que hace “imposible un acuerdo global” sobre la ley.
“Estamos ante una oportunidad perdida para situarnos a la vanguardia europea en calidad democrática. Mientras en otros países se avanza hacia mecanismos de control más exigentes, aquí el Gobierno Vasco ha optado por una reforma de mínimos”, ha explicado.
El parlamentario ha lamentado igualmente la ausencia de “instrumentos innovadores como asambleas y parlamentos ciudadanos con capacidad real de incidencia, así como mecanismos avanzados para prevenir de forma objetiva la corrupción y las capturas de poder”.