El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha cargado contra el proyecto de Presupuestos vascos al considerar que "no rompen con nada" y que no constituyen unas cuentas de "transformación" orientadas a los "intereses de la mayoría trabajadora", sino que "priorizan el beneficio privado y la estabilidad del capital". Por este motivo, ha reclamado una política presupuestaria "al servicio de la mayoría social, que refuerce lo público sin complejos".
Durante el Pleno del Parlamento vasco en el que se debaten las Cuentas, Hernández ha subrayado que no se trata de unos Presupuestos "neutras ni inevitables" sino de "una elección política clara que responden a intereses concretos".
Según ha denunciado, las cuentas no atienden a las necesidades de la mayoría trabajadora, sino a la lógica de un sistema que "prioriza el beneficio privado, la estabilidad del capital y la subordinación de lo público a las reglas del mercado".
En su opinión, estos Presupuestos "no rompen con nada, no redistribuyen poder ni riqueza" y tampoco "amplían derechos de manera estructural". A su juicio, no cuestionan los límites del capitalismo en su fase actual y se limitan a la gestión, sin vocación de cambio profundo. Por ello, ha defendido la necesidad de una política presupuestaria "al servicio de la mayoría social, que ponga la riqueza colectiva bajo control democrático, que refuerce lo público sin complejos, que redistribuya la riqueza de forma efectiva y que sitúe la vida -y no el beneficio- en el centro".
Hernández ha recordado que se presentan estas cuentas como "sociales", "responsables" y "realistas", pero ha planteado la duda de "¿realistas para quién?". Ha descrito una Euskadi en la que los salarios "apenas han crecido en términos reales en la última década", mientras el coste de la vida, especialmente vivienda y energía, se ha disparado "muy por encima del IPC".
Precariedad laboral y modelo fiscal
El diputado ha advertido de que más del 30% de las personas asalariadas "no llega al salario considerado digno, y la pobreza laboral es ya un fenómeno estructural". Ha añadido que, en el terreno tributario, permanece "intacto" un "modelo profundamente injusto", en el que la carga fiscal recae "mayoritariamente" sobre el trabajo y el consumo, mientras las grandes empresas y fortunas "continúan beneficiándose de deducciones, bonificaciones y tipos efectivos muy inferiores a los nominales".
En este contexto, ha reprochado que no se impulse una reforma fiscal "progresiva" que permita "aumentar de forma sostenida los ingresos públicos y reducir la desigualdad". Ha avisado de que "sin justicia fiscal, cualquier política social es insuficiente y frágil" y ha señalado que el supuesto refuerzo de los servicios públicos choca con una realidad de "insuficiencia".
Sanidad, educación y vivienda
Hernández ha apuntado que la sanidad y la educación públicas registran subidas presupuestarias que "apenas compensan el aumento de costes". Ha incidido en que, aunque la partida sanitaria crece en términos absolutos, "una parte significativa de ese aumento se destina a conciertos, derivaciones y servicios externalizados", mientras la Atención Primaria sigue "infrafinanciada, con centros de salud saturados y profesionales sometidos a una sobrecarga crónica" y con listas de espera en "una cifra incompatible con el derecho efectivo a la salud".
En el ámbito educativo, ha sostenido que el sistema público no recibe el impulso estructural que precisa, ya que el gasto por alumno "sigue lejos de los niveles necesarios para reducir ratios, reforzar plantillas y atender la diversidad". Ha denunciado además que se consolida un modelo dual en el que "una parte relevante del dinero público sostiene redes privadas, perpetuando la segregación escolar, y las desigualdades sociales y territoriales en lugar de combatirlas".
Respecto a la vivienda, ha indicado que es el terreno "donde se hace más evidente el fracaso de este enfoque", porque se opta "por incentivos al mercado en lugar de por un parque público fuerte, por la intervención de precios y la expropiación del uso cuando sea necesario". Ha lamentado que la vivienda "sigue tratándose como mercancía, no como derecho".
Ha advertido de que, aunque se movilizan cientos de millones de euros, el parque público seguirá siendo "apenas un pequeño porcentaje del total, muy lejos de los estándares europeos", mientras los alquileres crecen a doble dígito y persisten "miles de viviendas vacías en manos de grandes y pequeños rentistas". A su juicio, "frente a esto, los presupuestos se ponen al servicio de promotores inmobiliarios y constructoras y apuestan por ayudas indirectas que acaban trasladándose a los precios, en lugar de intervenir el mercado y ampliar de forma masiva la vivienda pública en alquiler".
Empleo público, seguridad y gasto militar
El representante de Sumar ha lamentado que, en materia laboral, no se vea una apuesta "clara" por reforzar el sector público como empleador ni por condicionar ayudas, subvenciones e inversiones al "respeto estricto de derechos laborales". Ha denunciado que se destina dinero a empresas que "despiden, subcontratan y precarizan", dejando en manos de la negociación colectiva y la acción sindical "la tarea de defender lo que debería ser garantizado desde lo público".
Hernández ha alertado de que el gasto en policía será el doble que el destinado a vivienda y ha calificado las cuentas como las del "aumento del gasto vinculado a dinámicas de control, seguridad e incluso militarización".
En esta línea, ha enmarcado los Presupuestos en un contexto de "creciente belicismo impulsado por los EEUU y la OTAN", y ha asegurado que las cuentas "no son ajenas a la subordinación a la lógica de la economía de la guerra en la que se han instalado las élites de la UE, desviando recursos de necesidades sociales hacia fines ajenos a los intereses de la clase trabajadora".
Ha denunciado además que, "con absoluta nocturnidad", PNV y PSE-EE han introducido una enmienda que modifica la ley vasca de Cooperación para "permitir la colaboración y la financiación de armamento o tecnología de uso militar". "Esto es algo absolutamente inaceptable tanto en las formas como en el fondo", ha remarcado.
Transición ecológica y modelo productivo
Por último, ha cuestionado que las medidas presentadas bajo la etiqueta de transición ecológica tengan un "enfoque transformador". Ha señalado que, aunque se habla de transición verde, "se evita enfrentar a los grandes responsables de la destrucción ambiental" y se apuesta "por un ecologismo de mercado que socializa los costes y privatiza los beneficios, dejando intacto el modelo productivo que ha llevado a la crisis climática".