El grupo parlamentario Sumar ha presentado en el Parlamento Vasco una serie de preguntas y peticiones de documentación dirigidas al Gobierno Vasco para aclarar el alcance real de las derivaciones de pacientes desde Osakidetza a centros sanitarios privados, “en especial al grupo Quirón Salud”, tanto para la realización de pruebas diagnósticas como para intervenciones quirúrgicas.
En una nota remitida a los medios, su portavoz, Jon Hernández, ha censurado que “lo que debería ser una medida excepcional se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual”, motivo por el que ha reclamado que “el Gobierno Vasco dé explicaciones”.
Desde Sumar alertan de que estas derivaciones se están consolidando como un mecanismo estructural de externalización que impulsa una “privatización paulatina de la sanidad pública vasca, sin un debate público previo ni la transparencia exigible en el uso de recursos públicos”.
La iniciativa registrada pide información pormenorizada sobre el número y la evolución de las derivaciones efectuadas en los últimos años, su repercusión económica en las cuentas de Osakidetza, los criterios clínicos y administrativos que se utilizan para enviar pacientes a la red privada, los contratos y conciertos vigentes con empresas sanitarias privadas, así como una comparativa entre listas de espera, costes y resultados entre el sistema público y el privado.
Además, Sumar requiere al Ejecutivo autonómico que detalle cómo se gestionan los datos de las personas que, tras ser atendidas en Osakidetza, reciben llamadas directas de clínicas privadas para fijar citas sin que exista una información “clara y previa”. “Estamos hablando de datos de salud, que son especialmente sensibles y requieren garantías máximas”, ha advertido Hernández.
En esta línea, la coalición solicita aclaraciones sobre qué datos clínicos se comparten con los centros privados en los procesos de derivación, con qué base legal se lleva a cabo esa cesión, si se informa de forma adecuada a los pacientes y si se recaba su consentimiento explícito, así como sobre las medidas de seguridad y confidencialidad aplicadas a estos datos especialmente sensibles.
“Estamos ante un doble problema: por un lado, el vaciamiento progresivo de capacidades del sistema público y, por otro, el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los pacientes, como la protección de sus datos de salud”, ha subrayado el portavoz parlamentario de Sumar.