Sumar ha instado al Gobierno Vasco a que intervenga ante el ERE planteado por Tubos Reunidos, al entender que el Ejecutivo “no puede mirar hacia otro lado mientras se destruye empleo industrial”. La formación reclama que se adopten medidas concretas para frenar el impacto laboral de este proceso.
El parlamentario Jon Hernández ha señalado en una nota de prensa que el Expediente de Regulación de Empleo de Tubos Reunidos “no es un ajuste puntual, sino un problema de fondo con consecuencias sobre el tejido industrial y sobre comarcas enteras”. A su entender, se trata de una decisión con efectos profundos sobre la industria vasca.
Hernández tiene previsto registrar una pregunta para el próximo pleno de control dirigida al Gobierno Vasco, con el fin de que aclare qué actuaciones prevé desarrollar ante el ERE comunicado por Tubos Reunidos para las instalaciones de Amurrio y Trapagaran. Según ha recordado, este expediente “puede suponer despidos colectivos y una pérdida significativa de empleo industrial en zonas ya castigadas por anteriores cierres y procesos de desindustrialización”.
El representante de Sumar ha remarcado que el Gobierno Vasco “no puede limitarse a observar ni a dar por buenos los argumentos empresariales”, y ha insistido en que el Ejecutivo autonómico debe implicarse “activamente” para conocer con detalle la situación, estudiar posibles alternativas y salvaguardar los puestos de trabajo industriales.
En su opinión, “cuando se pone en riesgo empleo de calidad, las instituciones tienen que asumir responsabilidades”, sobre todo en áreas que ya han padecido otros episodios de desindustrialización y pérdida de tejido productivo.
Debate por cierres y fusiones de colegios públicos
En otro orden de cosas, Sumar dirigirá una interpelación a la consejera de Educación en el próximo pleno de control para abordar los cierres y fusiones de centros públicos anunciados por el Gobierno Vasco en un escenario de descenso de la natalidad y de la matriculación.
La formación sostiene que, aunque la reducción prevista de alumnado para el próximo curso ronda el 5%, “este escenario no justifica una política de cierres y fusiones aplicada de forma unilateral y sin diálogo suficiente con la comunidad educativa y los sindicatos”. Considera que el Ejecutivo está tomando decisiones sin la participación necesaria de los agentes implicados.
“El descenso demográfico no puede utilizarse como excusa para debilitar la escuela pública”, ha remarcado Sumar, que ha censurado que estas medidas “tienen un claro componente político y consecuencias sociales”. A su juicio, la reordenación de la red escolar no puede plantearse únicamente en términos de ahorro de costes.
Hernández ha apuntado que “lo razonable” en este contexto es “aprovecharla para mejorar ratios y reforzar recursos”, y ha alertado de que los cierres y fusiones de colegios públicos “tienen un impacto directo sobre la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, especialmente en barrios y municipios más vulnerables.