Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, ha hecho un llamado para proseguir con “todas las gestiones diplomáticas y políticas necesarias” con el objetivo de lograr la liberación de Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, quienes fueron arrestados en Venezuela en septiembre de 2024, bajo la acusación de espionaje, y para asegurar sus derechos mientras estén detenidos.
Tejeria expresó su solicitud al finalizar el pleno ordinario del Parlamento Vasco, recordando que los detenidos viajaron a la Amazonía venezolana en agosto de 2024 y fueron aprehendidos e incomunicados por las autoridades venezolanas el 2 de septiembre de ese año.
En su declaración, Tejeria destacó que las autoridades venezolanas han señalado en diversas ocasiones que los detenidos tenían “planes de conspiración y atentados contra las autoridades nacionales”, tratándolos como supuestos agentes secretos del CNI español, aunque “las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y han declarado esta detención como injusta”.
Además, se menciona en la declaración que, durante los trece meses de encarcelamiento, no ha sido posible para ambos ejercer su derecho a una defensa adecuada, ya que no han contado con la asistencia letrada de su elección.
DERECHOS FUNDAMENTALES
Tejeria pidió a Venezuela que, mientras se resuelve la situación de los detenidos, se respeten “todas las garantías sobre derechos fundamentales y procesales reconocidos tanto por la legislación venezolana como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por Venezuela”.
Se subrayó la urgencia de continuar las gestiones diplomáticas y políticas para asegurar los derechos de los detenidos y obtener su liberación, además de expresar su “profunda preocupación” por la situación de Basoa Valdovinos y Martínez Adasme. Tejeria solicitó a las autoridades venezolanas que permitan la comunicación efectiva y regular con sus familias, y asistencia legal y consular continua.
Finalmente, se hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para que garantice el cumplimiento de las garantías procesales y de los derechos fundamentales de los detenidos, proporcionando los medios necesarios para su defensa.