El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha sugerido a las entidades forales de Bizkaia la utilización del Servicio Vasco de Empleo – Lanbide para la contratación de personal temporal. Esta recomendación surge tras observar que varias entidades del sector público empresarial foral optan por externalizar estos procesos mediante empresas especializadas.
La vicepresidenta del TVCP, Sonia Pérez Blanco, expuso esta recomendación durante su intervención en la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia, evento organizado a solicitud de EH Bildu. En su comparecencia, presentó el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2022, donde se especifican ciertas deficiencias y áreas susceptibles de mejora en la gestión, según el comunicado oficial de las Juntas Generales de Bizkaia.
El informe abarca a 20 entidades del sector público foral e incluye observaciones específicas en el anexo de personal. Se destacó la necesidad de mejorar la transparencia y la gestión en las contrataciones temporales, recomendando el uso de las bases de datos de Lanbide y la publicación de las convocatorias de selección y sus resultados en portales correspondientes, en lugar de limitarse a la prensa escrita.
En términos de legalidad, el informe señala que, a excepción de dos incumplimientos puntuales, las entidades han cumplido ‘razonablemente la legalidad que regula su actividad económico-financiera’ en 2022, obteniendo una ‘opinión limpia’, lo que refleja una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera del Territorio Histórico de Bizkaia.
CUMPLIMIENTO RAZONABLE DE LA LEGALIDAD
Los incumplimientos detectados incluyen contratos indefinidos con período de prueba de seis meses realizados por Crowdfunding Bizkaia sin plazas vacantes de personal fijo y la continuación de cinco contratos de servicios vencidos por parte de cinco entidades del sector público foral.
Además, en el anexo de ‘Contratación Administrativa’, se identificaron 19 deficiencias, principalmente relacionadas con la superación de plazos en las distintas fases de los expedientes de contratación. El tribunal consideró que, aunque son aspectos mejorables, no afectan sustancialmente el cumplimiento de los principios de la contratación.