El Parlamento Europeo quiere tomar la delantera en la presentación de iniciativas para afrontar la crisis habitacional que afecta a todo el continente. La Comisión especial sobre Vivienda, constituida hace apenas unos meses, se encuentra actualmente inmersa en el proceso de negociación de un informe que aspira a servir como hoja de ruta a nivel comunitario. Esta misma semana —en la que el Consejo Europeo debatió por primera vez en la historia el asunto— se cerró el plazo para presentar enmiendas.
De esta forma, los partidos han iniciado las conversaciones sobre las enmiendas al proyecto de informe del eurodiputado popular Borja Giménez. El borrador preliminar propone una serie de medidas centradas en la simplificación regulatoria, el aumento de la oferta, la movilización de financiación y el apoyo a los grupos vulnerables. El texto busca frenar una crisis de vivienda que, según el propio documento, se debe principalmente al desequilibrio persistente entre oferta y demanda. “La causa fundamental es la insuficiencia en el suministro”, señala el informe.
Cuando se presentó por primera vez el documento, este medio pudo conversar con los representantes españoles en el comité. Giménez (PP) sostenía que su grupo defiende “que lo fundamental es construir más y renovar más vivienda”. Por su parte, la eurodiputada socialista Alicia Homs criticó el planteamiento de base del texto por “entender la vivienda como un bien de mercado más y no como un derecho”. El representante de Compromís, Vicent Marzà, afeó que el informe “no refleja la realidad de una crisis de vivienda multifactorial y amplia”. Más conciliadora fue la eurodiputada de los conservadores Nora Junco, quien destacó que “el informe acierta al situar la raíz de la crisis en la falta de oferta, que es donde realmente duele”.
En este punto, Demócrata ha tenido acceso en exclusiva a todas las enmiendas presentadas por los grupos. El principal choque en las conversaciones se centrará en las propuestas de intervención del mercado, como las moratorias defendidas por los grupos de la Izquierda, frente a la apuesta por el sector privado que reclaman las delegaciones más a la derecha.
Enmiendas del PP
Las enmiendas populares ponen el foco en la insuficiencia de la oferta de viviendas como la causa principal de la crisis y promueven la desregulación, la simplificación y la protección de la propiedad privada.
Suministro y Regulación. La causa principal de la crisis es la oferta insuficiente. Se pide la reducción de las cargas regulatorias y la burocracia a lo largo de toda la cadena de valor, proponiendo una "Comprobación horizontal de la carga reglamentaria de la UE" y una auditoría de la legislación europea que pueda obstaculizar la oferta de vivienda. Se aboga por la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos, incluyendo la introducción del principio de silencio administrativo positivo.
Propiedad y Mercado. Se subraya la importancia del derecho fundamental a la propiedad privada. Condena la "ocupación ilegal" (squatting) y solicita un registro europeo para combatirla, asegurando mecanismos legales rápidos para la recuperación de la propiedad.
Inversión. Urge la movilización de la inversión privada y destaca que el sector público por sí solo no puede abordar la crisis.
Vivienda para Jóvenes y Familias. Se enfoca en medidas para ayudar a los jóvenes a acceder al crédito hipotecario, como garantías que cubran hasta el 100% de la inversión y exenciones de impuestos de transacción para primeros compradores.
Enmiendas del PSOE
Los socialistas se han centrado en el reconocimiento de la vivienda como un derecho humano fundamental y abordan la crisis principalmente como una crisis de asequibilidad.
Financiación y Gasto Público. Piden un aumento importante de la financiación de la UE para un Plan Europeo de Vivienda Asequible, con un total de 300 mil millones de euros, incluyendo 100 mil millones en subvenciones.
Asequibilidad y Especulación. Subrayan que la inasequibilidad afecta a hogares de ingresos bajos y medios. Buscan combatir la especulación, la financiarización y la proliferación de alquileres a corto plazo (STRs).
Vivienda Pública y Social. Enfatizan el papel de la vivienda pública, social, cooperativa y sin ánimo de lucro. Proponen una directiva para establecer estándares mínimos comunes de vivienda social y asegurar que la vivienda financiada públicamente permanezca bajo gestión pública o sin fines de lucro de forma indefinida para prevenir la especulación o venta.
Derechos y Vulnerabilidad. Buscan fortalecer los derechos de los inquilinos y prohibir los desahucios forzosos. Abordan la discriminación y la exclusión de grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas sin hogar). Piden la erradicación del sinhogarismo y la implementación acelerada de la Garantía Infantil Europea.
Enmiendas de Compromís
El conjunto de enmiendas de los Verdes refleja un enfoque más integral, incorporando elementos sociales y medioambientales en la respuesta a la crisis.
Causas de la Crisis y Derechos. Enumera las causas de la crisis: financiarización, brecha de inversión en vivienda social, "turistificación" (alquileres a corto plazo), desajuste de la oferta y altos costos de energía. Afirma que el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano.
Regulación Financiera y Fiscal. Exigen medidas para desmantelar la financiarización y la especulación. Critica las políticas fiscales que favorecen a los inversores inmobiliarios y propone gravar favorablemente los alquileres a largo plazo sobre los de corto plazo. Llama a revisar el marco macroprudencial de la UE y oponerse al resurgimiento del mercado de titulización hipotecaria.
Sostenibilidad y Uso del Suelo. Subrayan que la construcción de nuevas viviendas debe alinearse con el objetivo de "no pérdida neta de suelo para 2050". Prioriza la reutilización y renovación de edificios existentes sobre la nueva conversión de tierras naturales o agrícolas.
Vivienda Asequible y Social. Piden la revisión de las normas de Ayuda Estatal (SGEI) para ampliar el concepto de "vivienda social" e incluir a personas desfavorecidas y a hogares de ingresos bajos y medios, asegurando que la compensación sea solo para proveedores sin ánimo de lucro.
Enmiendas de ECR
El grupo ECR enfatiza el principio de subsidiariedad, la desregulación, y la mitigación de los costos impuestos por la legislación ambiental de la UE.
Subsidiariedad y Enfoque Local. Sostiene que las políticas de vivienda son competencia exclusiva de los Estados Miembros. Destaca la importancia de las autoridades locales y regionales para diseñar medidas adaptadas a sus realidades.
Reducción de Cargas Regulatorias. Aboga por un sistema de vivienda eficiente y orientado al mercado que fomente la inversión privada, manteniendo la libre formación de precios y alquileres. Expresa gran preocupación por la entrada en vigor del ETS 2 (Sistema de Comercio de Emisiones para Edificios y Transporte), condenando su impacto desproporcionado en los costos de energía y pidiendo su suspensión inmediata.
Protección de la Propiedad. Condena enérgicamente la "ocupación ilegal" (squatting) y pide a los Estados Miembros que protejan el derecho fundamental a la propiedad mediante mecanismos legales rápidos y eficaces, incluyendo la incriminación.
Inversión y Renovación. Propone destinar fondos a la renovación de edificios existentes y a la reutilización de edificios públicos y abandonados, especialmente en centros históricos y zonas rurales. Propone un Fondo Europeo para la Inversión en Vivienda Digna y Asequible, armonizando herramientas de financiación existentes, y sugiere un mecanismo de financiación dedicado para proyectos urgentes llamado SHELTER.