La Comisión Especial de Vivienda del Parlamento Europeo lleva meses trabajando en el informe que aprobará durante el primer semestre de 2026. Esta semana se cerró el plazo para que los grupos presentasen sus enmiendas al texto. En el inicio de las negociaciones, Demócrata ha tenido acceso a las propuestas de cambio que las distintas familias han registrado.
El Proyecto de Informe, del que es ponente el eurodiputado popular Borja Giménez, propone una serie de medidas que pasan por la simplificación regulatoria, el aumento de la oferta, la movilización de financiación y el apoyo a grupos vulnerables. Se trata de frenar una crisis de la vivienda que considera que ha sido ocasionada, en mayor medida, por el desequilibrio persistente entre la oferta y la demanda. Según el texto, “la causa fundamental es la insuficiencia en el suministro”.
En declaraciones a este medio, las delegaciones españolas acogieron con buena voluntad el ánimo del borrador preliminar, pero mostraron sus reticencias sobre algunos puntos. Los socialistas echaban en falta una referencia al papel de la especulación y a la protección de los inquilinos, con menciones más claras a medidas de regulación del alquiler y para evitar prácticas abusivas, entre otros asuntos. Por su parte, los Verdes apuntaban a la ausencia de “un análisis serio sobre la financiarización y el papel de los grandes fondos de inversión que compran edificios enteros para especular”.
Ahora, una vez registradas estas enmiendas, comienzan dos meses de negociaciones que concluirán en enero con la votación final en Comisión de la propuesta. Después, en marzo, el texto llegará al Pleno del Parlamento Europeo para su aprobación definitiva.
ENMIENDAS DEL PP
Aumento de la Oferta, Desregulación y Simplificación Administrativa
Los populares han presentado más de 300 enmiendas que ponen especial atención al impulso de la oferta, la reducción de la burocracia y la defensa de la propiedad privada, a la vez que se asegura la sostenibilidad fiscal, en el marco del principio de subsidiariedad.
El texto insiste en que la causa principal de la crisis es la insuficiente oferta de viviendas, tanto públicas como privadas. Por ello, se quiere solicitar a las autoridades que pongan en marcha medidas para reducir la carga regulatoria, y acabar con los cuellos de botella en la legislación local, nacional y de la UE. En este punto, se propone solicitar una auditoría regulatoria conjunta por parte de la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo para detectar aquellas normativas que puedan estar obstaculizando la oferta de vivienda. Esta auditoría podría derivar en un plan de acción.
Urgen al Ejecutivo comunitario a proponer un «Paquete de simplificación de Vivienda» que agilice la construcción y la renovación. Entre las leyes que se han detectado que podrían estar imponiendo obstáculos desproporcionados se incluyen:
- Ley de Restauración de la Naturaleza: Se pide garantizar que no cree obstáculos o retrasos adicionales, ofreciendo mayor flexibilidad a los Estados Miembros.
- Directiva de Calidad del Aire Ambiente: Se solicita su revisión para que no imponga restricciones innecesarias y desproporcionadas a la construcción de nuevas viviendas, evitando el aumento de los costos de construcción.
- Directiva Marco del Agua: Se pide su revisión para eliminar el principio de «uno fuera, todos fuera» (one out, all out) que obstaculiza los proyectos de construcción.
- Ley de Vigilancia del Suelo: Se solicita garantizar que no obstruya los procedimientos de permisos y licencias. ▪ Directivas de Eficiencia Energética (DEPE/DEE): Se considera que son excesivamente prescriptivas y aumentan sustancialmente los costes de construcción.
El PP establece el objetivo de alcanzar la concesión de permisos de vivienda en un plazo de 60 días, para ello se requerirá a las autoridades a que simplifiquen los procesos de concesión de permisos. Defienden introducir el principio de silencio administrativo positivo para la emisión de permisos de nueva construcción y renovación, salvo en casos que involucren la seguridad de las personas, o la protección ambiental, patrimonial o histórica. Apuntan a esa lentitud en la concesión de permisos de planificación urbana como una de las causas de los retrasos en la construcción.
En materia de contratación pública, se busca que Bruselas simplifique materialmente la legislación de contratación pública de la UE, ajustando los umbrales relevantes y vinculándolos a la inflacción. Advierten que la introducción de criterios adicionales en los procedimientos hará el proceso más largo y oneroso, reduciendo la competencia y aumentando los precios, lo cual contradice el objetivo de construir viviendas más asequibles.
Defensa de la Propiedad Privada y Lucha contra la Ocupación Ilegal
El grupo popular defiende que los ciudadanos tienen derecho a la propiedad, y asegura que la falta de respeto a este principio puede afectar a los pequeños propietarios, quienes a menudo dependen de los ingresos del alquiler para su sustento. En sus enmiendas, pide a la Comisión que proponga directrices a nivel de la UE para fortalecer los derechos de propiedad, acelerar los procesos de desalojo de ocupantes ilegales y proponer sanciones mínimas.
Para la formación es esencial garantizar mecanismos legales eficaces y rápidos para la recuperación de la propiedad. En este sentido, se insta a los Estados a que adopten medidas efectivas contra la ocupación ilegal para garantizar que las órdenes judiciales de desalojo se ejecuten de manera oportuna, manteniendo el Estado de Derecho.
Inversión, Financiación y Sostenibilidad Fiscal
En el texto de los de Génova se insta a la movilización de la inversión privada ya que se apunta a que las soluciones de vivienda basadas en el mercado son la forma más efectiva de expandir la oferta de manera sostenible. Se afirma que la asistencia gubernamental debe complementar la inversión privada, no sustituirla, para evitar el crowding out (efecto de exclusión).
Se afirma que los subsidios no son una solución viable a largo plazo si la oferta sigue restringida, ya que los participantes del mercado los incorporarán a los precios, haciendo que sean un uso ineficaz de los fondos públicos. Así, se sugiere explorar la posibilidad de destinar los fondos restantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) a proyectos de vivienda y priorizar la innovación.
Siguiendo con esto, se ha propuesto la reforma de la Directiva del IVA (2006/112/EC) para permitir la aplicación de un tipo de IVA superreducido a la construcción, suministro, renovación, alteración y alquiler de viviendas para uso residencial, como parte de una política social.
En cuanto al papel que debe jugar el Banco Europeo de Inversiones, se defiende que debe mantener su estatus como banco de inversión y salvaguardar su calificación triple A. Además, se insta al organismo a que expanda su alcance geográfico y que no se centre exclusivamente en criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, sino que también tenga en cuenta las necesidades y prioridades locales.
Enfoque demográfico
El PP ha puesto sobre la mesa medidas para facilitar el acceso al crédito hipotecario para los jóvenes y compradores de primera vivienda:
▪ Incentivos como la reducción de las tasas de transacción y exenciones fiscales para los compradores de primera vivienda.
▪ Introducción de garantías respaldadas por el gobierno para facilitar el acceso a hasta el 100% de la financiación, especialmente cubriendo la parte del pago inicial (down payment) no cubierta por hipotecas, siempre que los bancos realicen evaluaciones de riesgo exhaustivas.
Además, pide un plan de acción europeo para el apoyo a las familias, prestando especial atención a las familias numerosas, monoparentales y en situación vulnerable. Además, se enfatiza la importancia de introducir estándares de accesibilidad en todos los proyectos de vivienda financiados por la UE, de acuerdo con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), sin imponer cargas desproporcionadas.
Turismo
En el texto se reconoce que los alquileres a corto plazo pueden contribuir positivamente a las economías locales, fomentar el turismo rural, apoyar la preservación de propiedades antiguas y proporcionar una fuente adicional de ingresos.
Defienden que cualquier regulación necesaria en esta área debe adaptarse a la realidad local, reconociendo que no es adecuada una solución de talla única. Por esta razón, han pedido que cualquier acción futura consulte a las autoridades locales, asociaciones de propietarios y al sector turístico, y que no alimente la «turismofobia».
Mano de obra y construcción
Los populares quieren que el Parlamento Europeo solicite un informe a la Comisión sobre la legislación de la UE que afecta el precio y suministro de materiales de construcción, con miras a identificar y eliminar factores que contribuyen al aumento de costes.
En este ámbito, se ha propuesto utilizar los programas de la UE (como el Fondo Social Europeo Plus, FSE+) para mejorar las cualificaciones y recualificaciones, especialmente en áreas clave como la construcción sostenible y la renovación energética.
Sobre innovación, se anima a invertir para mejorar la calidad de la vivienda (eficiencia energética, aislamiento acústico y térmico, solidez) y fomentar la productividad y eficiencia en el proceso de construcción (métodos más rápidos y rentables, industrialización y digitalización de técnicas). El PP apoya la financiación para el escalamiento de la entrega de viviendas modulares y prefabricadas (offsite) por parte de las PYMEs.