La reforma del Reglamento de Extranjería para la regularización extraordinaria de, al menos, 500.000 migrantes ya estaría lista para ser aprobada por el Gobierno. Según ha podido saber Demócrata, el real decreto ya ha pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS), siendo el próximo paso su aprobación en el Consejo de Ministros, lo cual estaría previsto para el martes 14 de abril. La fórmula escogida permite al Ejecutivo sacar adelante la medida sin necesidad de pasar por el Congreso tomando como referencia la regularización de José Luis Rodríguez Zapatero de 2005.
La medida busca dar una salida legal a cientos de miles de personas que residen en España sin autorización administrativa y lo hace rebajando las exigencias habituales del sistema de extranjería, especialmente en lo relativo al acceso inicial al permiso. Tras años de reivindicaciones iniciadas por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya, su materialización ha sido posible tras un acuerdo entre Podemos y el Gobierno.
presión social
Durante las últimas semanas el Movimiento Regularización Ya ha denunciado la demora de la aprobación del real decreto. Tal como recuerdan, el Gobierno ha tenido sobre la mesa desde el pasado 10 de marzo el dictamen del Consejo de Estado al respecto.
Desde la asociación denuncian en sus redes sociales que la demora no era neutra, "significa más presión para la Administración, más angustia para las personas que están esperando presentar su documentación, y más terreno fértil para los discursos de odio y los bulos de las derechas radicalizadas".
En esta misma comunicación, instan al Ejecutivo a dar salida al texto de forma inminente, como así va a suceder. Está previsto que el miércoles que viene la reforma del Reglamento de Extranjería se publique en el BOE previa aprobación en el Consejo de Ministros.
A falta de conocer la redacción final del real decreto, el texto que el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad y Migraciones sacó a audiencia pública el pasado mes de enero preveía los siguientes requisitos.
Residencia previa en España antes de 2026
El primer requisito clave es la acreditación de la estancia en territorio español. Para poder optar a la regularización, la persona solicitante deberá:
-
Haber estado físicamente en España antes del 31 de diciembre de 2025.
-
Acreditar al menos cinco meses de estancia efectiva en el país antes de presentar la solicitud.
Este criterio temporal pretende delimitar el alcance de la medida y evitar un posible “efecto llamada”, uno de los argumentos recurrentes en el debate político sobre regularizaciones masivas.
Ausencia de antecedentes penales relevantes
El acuerdo también fija como condición que la persona solicitante no tenga antecedentes penales significativos que impidan la concesión de una autorización de residencia.
No se trata de exigir una hoja penal completamente limpia, sino de excluir aquellos casos en los que existan antecedentes graves incompatibles con la normativa de extranjería, un criterio habitual en este tipo de procedimientos.
Cómo acreditar la estancia: documentos válidos
Para demostrar la permanencia en España durante el periodo exigido, el acuerdo contempla una amplia variedad de medios de prueba, con el objetivo de adaptarse a la realidad de las personas en situación irregular. Entre los documentos admitidos figuran:
-
Certificados de empadronamiento municipal.
-
Justificantes de citas médicas o de atención en recursos sociales.
-
Contratos de alquiler, recibos de pago o documentos de alojamiento.
-
Billetes de transporte, justificantes de envíos de dinero u otros documentos que acrediten presencia continuada en el país.
Esta flexibilidad documental es uno de los elementos centrales del diseño del procedimiento.
Noticia destacada
La regularización de inmigrantes divide a la economía: ¿Es verdad que afectará a los servicios públicos?
6 minutos
Sin contrato de trabajo previo
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que no se exigirá un contrato de trabajo previo para acceder a la regularización inicial.
Este punto supone una diferencia sustancial respecto a otras vías ordinarias del sistema de extranjería y pretende romper el círculo vicioso que impide regularizarse a quienes no pueden trabajar legalmente y, al mismo tiempo, no pueden obtener papeles sin un empleo.