Desde hace casi dos años, Almudena Cid, Lola Fernández Ochoa y Fernando Romay, junto a la abogada experta en derecho deportivo María Laffitte y Cristina Estévez, de UGT, han liderado una batalla por los derechos de los deportistas: el reconocimiento de su actividad profesional como cotizada a la Seguridad Social.
Tras meses de conversaciones con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, parte de sus anhelos se han visto reflejados en un Real Decreto que el Gobierno sacó a audiencia pública la semana pasada.
La norma, por la que se declaran computables como cotizados los periodos de actividad ejercidos como deportistas profesionales con anterioridad a su integración en el régimen general de la seguridad social (1980-2003), viene a solucionar una desigualdad histórica.
La mayoría de deportistas profesionales de los años 80 y 90, una vez retirados, no alcanzaban el mínimo de años cotizados, lo que derivaba en pensiones más bajas de lo que les correspondería.
De este modo, el cómputo de esos periodos de actividad como cotizados tendrá efectos tanto a la hora del reconocimiento de la pensión de jubilación como del derecho a la mejora de la pensión que se viniera percibiendo, informó el ministerio.
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Sin embargo, tal como ha podido confirmar Demócrata, por el camino se han quedado los deportistas de alto nivel, mayoría entre nuestros olímpicos. Con la actual redacción del Real Decreto, únicamente se otorga una cobertura a los deportistas profesionales que tenían contrato laboral con un club o entidad, no a aquellos que competían por federaciones, que tenían becas tipo ADO (de la Asociación de Deportes Olímpicos) o que tenían patrocinadores.
Históricos del baloncesto, ciclismo o balonmano, si se verán beneficiados de aprobarse el Real Decreto. Pero la mayoría de atletas olímpicos, sobre todo en deportes individuales, todavía están al margen del régimen general.
Un paso insuficiente
En conversación con Demócrata, la exgimnasta olímpica Almudena Cid, quien ha liderado esta reivindicación, celebra el paso dado pero insiste en que todavía hace falta una gran zancada: "Lo que hemos conseguido era la parte más fácil, porque los deportistas profesionales tenían contrato, jugaban en ligas, estaban bien localizados y fueron los que en sus carreras generaron patrimonio, es decir, tenían sueldos".
En este sentido, precisa: "A diferencia de los deportistas de alto nivel, que nunca tuvieron un contrato. Siempre tuvieron una beca y aunque tributaba, nadie cotizaba por ellos porque nunca hubo un empleador".
DEPORTISTA PROFESIONAL - DE ALTO NIVEL
La distinción entre deportista de alto nivel (DAN) y deportista profesional descansa en su naturaleza jurídica y laboral.
El DAN es un reconocimiento administrativo otorgado por el Consejo Superior de Deportes en función de los méritos deportivos alcanzados, sin que ello implique necesariamente una relación laboral ni cotización a la Seguridad Social.
Por su parte, los deportistas profesionales se definen por la existencia de un contrato de trabajo con un club o entidad deportiva, lo que conlleva salario, derechos laborales y obligación de cotizar. La mayoría de atletas olímpicos son de alto nivel sin ser profesional.
Para Cid, es de "justicia social" que se reconozca a estos deportistas que encumbraron la Marca España en la década de los ochenta y los noventa y que con el paso del tiempo se han visto desprotegidos. Además, se da la paradoja de que este movimiento fue iniciado específicamente en nombre de los deportistas de alto nivel, y posteriormente se añadió la reivindicación de los deportistas profesionales. Sin embargo, han sido estos últimos, los primeros en ver resuelta su situación.
Tras conocer el contenido del Real Decreto, al que se puede hacer alegaciones hasta el próximo 10 de abril, los impulsores de esta lucha piden al ministerio otro Real Decreto que tenga en cuenta a los deportistas de alto rendimiento.
En el limbo
Aunque la causa por la que está dando la cara busca reparar a los deportistas ya retirados, Cid también se muestra muy crítica con el régimen actual. El sistema de cotización vigente obliga a los deportistas de alto a nivel actuar como trabajadores autónomos pese a no encajar plenamente en esa figura.
Tal como denuncia la exgimnasta y cuatro veces finalista olímpica, los atletas deben adelantar el pago de sus cuotas a la Seguridad Social para, posteriormente y solo si cumplen ciertos requisitos, recibir la devolución de las cuotas de autonomos.
"¿Qué autónomo de España paga todo de golpe? Muchos muchos deportistas no tienen acceso a ese pago, otros son muy jóvenes y no creen que esto sea necesario, y otros directamente no tienen ni la información", señala Cid a este medio, que añade: "Estamos trabajando para el Estado, estamos representando a un país, tenemos obligaciones, tenemos prohibiciones, no somos un autónomo, estamos supeditados a una estructura que no es la nuestra, sino la del deporte español".
Junto a la reinvindiación de las pensiones, dentro de la agenda legislativa en materia deportiva también está pendiente el Estatuto del Deportista previsto en la Ley del Deporte de 2022 y que todavía no ha sido desarrollado.
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