El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde, con el consenso de todos los partidos, a un proyecto de ley de apoyo excepcional para explotaciones ovinas y de cereza dañadas por calamidades naturales, bajo el amparo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Este acuerdo se alcanzó tras un intenso debate, a pesar de las reservas expresadas por la oposición respecto a los criterios de distribución de los fondos.
Es importante señalar que estas subvenciones, que suman un total de 28 millones de euros financiados íntegramente por el Feader, buscan mitigar los impactos del virus de la lengua azul en el ganado ovino de Extremadura durante el año 2024, y apoyar a los productores de cereza que enfrentaron adversidades climáticas severas entre abril y junio del mismo año.
Las ayudas destinadas al sector ovino se dirigen a aquellas granjas en Extremadura que hayan experimentado una reducción superior al 30% de su capacidad productiva debido a esta enfermedad, asignando un total de 14,64 millones de euros, con un tope de 20.000 euros por beneficiario.
En relación con el sector cerecero, las ayudas se focalizan en las explotaciones de varias comarcas, proporcionando un total de 13,36 millones de euros, con una ayuda máxima de 12.000 euros por productor afectado que haya sufrido una merma productiva superior al 30%.
El decreto-ley, inicialmente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 27 de mayo de 2025 y ratificado por la Asamblea el 3 de julio de 2025 como proyecto de ley, llegó al pleno sin enmiendas activas y tras la inclusión de cinco enmiendas en el dictamen, tres de ellas del Grupo Popular y dos del Grupo Socialista.
En el debate, el diputado del PP, Bibiano Serrano, criticó a los grupos de la oposición por su «irresponsabilidad» al apoyar la tramitación como proyecto de ley, lo cual consideró una «pérdida de tiempo». Además, acusó a la oposición de poner en riesgo «unas ayudas históricas» que los socialistas no aprobaron en 38 años de gobierno. Por otro lado, el diputado socialista Eduardo Béjar y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, expresaron su descontento con el dictamen, señalando un reparto de ayudas que consideran «injusto» y un sistema de cálculo que no refleja la realidad de cada explotación.