La Junta de Extremadura ha vuelto a acusar al Gobierno central de «dejadez de funciones» en lo que respecta al cuidado de los menores migrantes que llegan a España, mientras Vox ha expresado su descontento acusando al Ejecutivo regional de ser «cómplice» del Gobierno central en esta materia.
En el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Extremadura, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, debatieron sobre el coste de la atención a los menores no acompañados en la región tras una pregunta del partido de derecha.
García Espada defendió que la Junta tiene las competencias de «protección y tutela de los menores que se encuentren solos o en situación de desamparo» en la región, destacando que se atiende a todos los menores sin distinción de nacionalidad o raza. Además, mencionó que los costes varían en función de las circunstancias individuales de cada menor.
La consejera invitó a Vox a adherirse a un «discurso de la sensatez y del sentido común», solicitando al Gobierno central que implemente las medidas necesarias para resolver la crisis migratoria. Criticó a Vox por mantener un «discurso populista» y afirmó que «Extremadura es y será una tierra solidaria».
García Espada también acusó al Gobierno de España de «dejadez de funciones e incumplimiento legal», destacando que la Junta ha cumplido con su responsabilidad y la ley, y ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto Ley, ya admitido a trámite, que no responde a la necesidad de recursos para los menores.
Por su parte, Fernández Calle criticó que no se le proporcionara la cifra exacta del coste de atención a los menores, señalando que se trata de una cantidad «obscena» y cuestionando la ayuda proporcionada a los extremeños necesitados en comparación. También expresó preocupación por los delitos cometidos por extranjeros en España, responsabilizando a la Junta de cualquier incidente futuro con los ‘menas’.