La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido el derecho a la libertad profesional para justificar la nueva política de la Junta de Extremadura que permite a los directivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) ejercer simultáneamente en el sector público y privado.
Esta medida pone término a lo que se consideraba una ‘penalización injusta’ y un ‘aislamiento’ de Extremadura en comparación con otras comunidades autónomas, permitiendo a los profesionales elegir libremente su desarrollo de carrera sin tener que sacrificar su compromiso público.
Sara García ha destacado que esta política busca también incrementar la competencia por los cargos de jefes de servicio y sección, en un contexto de ‘libertad profesional’, ‘sentido común’, ‘equidad’ y ‘justicia’. En un pleno de la Asamblea, respondió a las críticas de José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura, quien argumentó que esta medida introduciría un ‘caballo de Troya’ en la sanidad pública.
La consejera reiteró que ‘la libertad profesional no es un privilegio, es un derecho’, y señaló que esta norma se alinea con el resto de España, excluyendo a Navarra, en la compatibilización de funciones en ambos sectores. Además, criticó las percepciones que sugieren un conflicto de intereses o una reducción en la profesionalidad de los médicos que trabajan en ambos sectores.