La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que la inmigración constituye una “oportunidad” para hacer frente al reto demográfico, al tiempo que ha instado al Gobierno central a asumir sus obligaciones sin trasladar el peso de esta política a las comunidades autónomas.
En el inicio del debate de investidura, ha prometido actuar “con valentía” ante los grandes desafíos que afronta la región, entre los que ha destacado la despoblación, y ha insistido en la necesidad de aplicar un “enfoque responsable” a la realidad migratoria.
“La inmigración es una oportunidad si se gestiona con rigor, y un enorme problema si no hay liderazgo ni un modelo serio”, ha afirmado Guardiola, que ha subrayado que Extremadura “quiere crecer, también en habitantes”.
Ha remarcado que “Extremadura quiere acoger a más familias, a más trabajadores, a más proyectos de vida”, pero ha advertido de que, si se imponen “los privilegios de los separatistas, o hacer que las regiones carguen con las responsabilidades del Estado, lo que tendremos es un caos migratorio gigantesco”.
En este sentido, ha recalcado que “a las personas que están pensando en buscar una vida mejor o que huyen de la barbarie y la miseria no las podemos convertir en mercancía política”, y que “no hay nada más inhumano que la irregularidad perpetua, que el desorden que beneficia a las mafias, que un sistema saturado donde nadie recibe la atención que merece”.
Por ello, ha defendido que Extremadura “necesita una inmigración que venga a construir. Que venga a trabajar, a aportar, a formar parte de un proyecto común”, y ha reclamado que el Ejecutivo central “ejerza las competencias que le corresponden con un modelo capaz de unir firmeza y oportunidad, sin trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de su modelo fallido”.
A juicio de la dirigente ‘popular’, el Gobierno de Pedro Sánchez ha “convertido la irregularidad en la vía más cómoda, ha ignorado la seguridad de nuestras fronteras” y ha “debilitado la cohesión social”, de forma que “ahora pretende” que sean las autonomías las que soporten “el coste de su irresponsabilidad”.
“El Gobierno no puede imponer cupos separatistas también en inmigración”, ha reprochado Guardiola, quien ha denunciado que “no puede repartir por decreto, sin contar con las comunidades, sin recursos, sin planificación”.
Ha añadido que “eso no es solidaridad”, sino “una improvisación” que acaban pagando “todos”, incluidos “muchos menores”, que dependen de las comunidades autónomas pero a los que, ha advertido, no se les pueden garantizar “unas condiciones dignas si los recursos se saturan”.
Ha reivindicado además que “el inmigrante no es una víctima pasiva ni un culpable por defecto: es una persona con derechos y deberes, capaz de prosperar y contribuir al bien común desde el respeto a los principios que sostienen nuestra convivencia. Eso es humanidad. Eso es responsabilidad”, y ha avanzado que eso es lo que van a exigir: “Responsabilidad y humanidad”.
Defensa del campo extremeño y críticas al Pacto Verde
Guardiola ha continuado su intervención centrando el foco en las políticas agrarias, comprometiéndose a seguir defendiendo y modernizando el campo extremeño mediante regadíos “más eficientes”, apoyo a infraestructuras, respaldo a la transmisión de explotaciones y medidas que faciliten el relevo generacional.
“Vamos a seguir respondiendo cuando el campo lo pasa mal”, ha asegurado, anunciando ayudas urgentes ante enfermedades, sequía o fenómenos climáticos extremos, ya que, ha recordado, un agricultor o un ganadero “no puede sentirse solo cuando se juega el año en una campaña”.
También ha apostado por reforzar la inversión en el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable, dotado con 217 millones de euros, al considerar que sin agua no hay futuro ni para los pueblos ni para las explotaciones agrarias de la región.
Además, ha descrito el momento “muy complicado” que vive el sector, que, según ha dicho, amenaza su propia supervivencia y la del medio rural extremeño. Ha enumerado diversos problemas, pero ha incidido especialmente en la “obligación” de los agricultores y ganaderos extremeños de producir bajo “unas exigencias derivadas del Pacto Verde, que hacen inviable la rentabilidad de sus explotaciones”.
Como ejemplo, ha citado la prohibición por parte del Gobierno central de determinados productos fitosanitarios, mientras que en países como Italia, Francia o Portugal se permiten.
“Esas herramientas, que son necesarias para tener una buena cosecha, no están a disposición de nuestros productores”, ha lamentado Guardiola, quien ha criticado que, al mismo tiempo, “se permite la entrada de productos en la Unión Europea, como los de Mercosur o el arroz de Camboya y Mianmar, sin que cumplan esas exigencias a las que se obliga a nuestros productores”.
Ha advertido de que “sin reciprocidad, será imposible competir. Sin herramientas, no se podrá producir de forma rentable”, y ha enmarcado esta situación en un “contexto de cambios”, recordando que la Comisión Europea ha presentado una propuesta de PAC que “pierde la autonomía, la identidad, el presupuesto y la igualdad de todos los agricultores y ganaderos europeos”.
Por este motivo, ha reclamado “competir en las mismas condiciones, mediante una reciprocidad que alivie las exigencias del Pacto Verde” para los agricultores y ganaderos extremeños, así como una PAC con un presupuesto propio y suficiente que garantice la viabilidad económica de las explotaciones.
“Vamos a defender nuestro campo. Vamos a defender nuestro futuro. Vamos a dar la cara por nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.