María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha dirigido un llamado a los diferentes partidos políticos para que ‘asuman su responsabilidad’ y colaboren en la implementación de una nueva Ley del Suelo, destacada como una ‘herramienta básica’ para consolidar la demografía regional y promover la inversión.
‘Extremadura no puede permitirse bloqueos’, declaró a los grupos parlamentarios durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región que inició este jueves en la Asamblea de Extremadura, subrayando que es ‘imprescindible’ que se pongan de acuerdo en ‘una norma adaptada a nuestra realidad’.
Destacó la importancia de una legislación que ‘dé respuesta a quienes quieren vivir, emprender o invertir aquí sin caer en laberintos burocráticos’, tras años en los que ‘miles de personas han chocado con muros administrativos para abrir un negocio o construir una vivienda’.
Hizo un llamado a la reflexión, advirtiendo que no se debe ‘convertir una necesidad tan evidente en un campo de batalla ideológico’. ‘Hacer tacticismo electoral con esto es profundamente injusto hacia quienes esperan soluciones’, agregó.
La presidenta también enfatizó que Extremadura no puede ‘esperar más en materia de infraestructuras’ ya que necesita mejorar sus conexiones. Por ello, mencionó proyectos en marcha como la construcción del puente internacional sobre el río Sever, que unirá Cedillo con Montalvao, y otros proyectos de infraestructura vial como la Ronda Sur de Cáceres y mejoras en varios tramos carreteros. Además, reafirmó el compromiso de licitar el proyecto del nuevo aeródromo de Cáceres en 2025, calificado como una infraestructura ‘estratégica para el desarrollo económico, turístico y logístico de la provincia’.
AYUDAS PARA RENOVAR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
Guardiola anunció que se facilitará la renovación del parque automovilístico regional con ayudas de hasta 3.000 euros por vehículo y la mejora del servicio de ITV a través de la licitación de dos nuevas estaciones fijas y cuatro móviles.
Además, habló sobre los desafíos que enfrenta la agricultura y ganadería local, destacando los problemas derivados de la nueva PAC y la burocracia que ha afectado los ingresos del sector. Ante esto, se comprometió a garantizar la trazabilidad de las uvas y aceitunas desde su origen hasta el destino final con un nuevo Decreto solicitado por el sector.
Frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, destacó la necesidad de una ‘posición firme y contundente’ para proteger a los productores. Anunció un Plan de Contingencia con un presupuesto de 52,3 millones de euros, incluyendo ayudas directas, financiación e incentivos para la internacionalización y diversificación de mercados.














