El decreto-ley que busca solucionar la crisis de transporte escolar al inicio del curso 2025/26 ha sido ratificado en la Asamblea de Extremadura con el respaldo de PP y Vox, mientras que el PSOE ha rechazado la medida y Unidas por Extremadura se ha abstenido. Tras esta aprobación inicial, la oposición ha concordado en que el decreto se procese como un proyecto de ley en la cámara, permitiendo así la incorporación de enmiendas.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, defendió la propuesta, destacando la importancia del transporte escolar como un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación en los 388 municipios extremeños. Manzano subrayó que el derecho al transporte es una prioridad para el gobierno regional, recordando que al asumir encontraron un acuerdo marco desfasado desde 2021 con precios de 2016.
En respuesta a las insuficiencias al comienzo del curso, donde más de 200 rutas quedaron sin servicio, la Junta de Extremadura estableció una ayuda de 0,26 euros por kilómetro para las familias afectadas, sumando un total de 2.969 alumnos beneficiados y un presupuesto de 270.179 euros.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Durante el debate, la diputada socialista Soraya Vega criticó el decreto como una ‘confesión pública de un fracaso’ y lamentó la ausencia de la consejera de Educación en la defensa del mismo. Por otro lado, Sandra Valencia del PP defendió la gestión del gobierno, asegurando que se ha actuado con previsión desde julio de 2023. Álvaro Sánchez Ocaña de Vox, criticó la falta de humildad del gobierno ante el caos inicial, y Joaquín Macías de Unidas por Extremadura subrayó que el decreto ha sido una respuesta insuficiente a una mala gestión previa.