La Junta de Extremadura concuerda con la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía para suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos, mostrándose abierta a «hablarlo todo» y a «negociar lo que sea necesario» para preservar el prestigio de las instituciones.
Esta posición surge tras la ocupación de un escaño en la Asamblea regional por Miguel Ángel Gallardo «para aforarse de manera ilegítima», como lo señala Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social.
Al mismo tiempo, Bautista ha criticado que Vox esté intentando «expandir una duda sobre la impunidad que supone un aforamiento para todos los diputados», tras la «maniobra» de Gallardo que, de acuerdo a un reciente auto del TSJEx, «ha supuesto que no se ha producido una adquisición legítima del aforamiento, sino más bien una concatenación de renuncias coordinadas».
Durante un pleno de la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, líder del Grupo Parlamentario Vox, exhortó al Gobierno regional a avanzar con la reforma del Estatuto para que los diputados «sean iguales ante la ley» como cualquier otro ciudadano. Bautista respondió que, aunque la Junta acepta la necesidad de la reforma, «en un mes no es posible llevar a cabo la reforma de un Estatuto de Autonomía».
«Evidentemente, cumplimos a lo que nos comprometemos y estamos de acuerdo en abordar esa reforma, como no podría ser de otra manera. Pero usted entenderá que en un mes no es posible llevar a cabo la reforma de un estatuto de autonomía», insistió Bautista.
Gordillo Moreno, tras escuchar estas palabras, valoró la «buena disposición» del Gobierno para la reforma, destacando que para Vox es de «la máxima importancia» y urgente, especialmente tras incidentes como el de Gallardo, que «puede ni debe repetirse».
«Debemos dar ejemplo de igualdad ante la ley», mencionó Gordillo, quien también recordó que el TSJEx «ha demostrado» que Vox tenía «razón» al advertir que el aforamiento de Gallardo «se produjo en fraude de ley».
Por su parte, Bautista rechazó la visión de Vox sobre esta cuestión, argumentando que «el problema no está en el aforamiento, el problema está en el uso fraudulento de ese aforamiento» y que, según el TSJEx, «no comporta impunidad».