La Asamblea ha dado su visto bueno al decreto-ley pactado entre la Junta y Vox que modifica la ley que regula el proceso de transición entre gobiernos en Extremadura, en una sesión plenaria marcada por las críticas y recriminaciones de PSOE y Unidas por Extremadura. Este último grupo decidió no participar en la votación y abandonó el hemiciclo antes de que comenzara el debate.
El decreto ley ha sido convalidado gracias al respaldo de los grupos del PP y Vox, mientras que el Grupo Socialista se ha abstenido. Los socialistas habían reclamado que la norma se tramitase como proyecto de ley, una petición que la cámara legislativa extremeña ha rechazado.
En la defensa del texto ha intervenido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, quien ha señalado que el objetivo es dotar a la comunidad de una regulación adaptada a la coyuntura actual, marcada por el prolongado periodo en que el gobierno regional permanece en funciones.
En esta línea, ha reiterado que la medida no obedece a ninguna “estrategia política”, sino a una necesidad “urgente, real y muy clara” de asegurar que la administración autonómica continúe operativa durante la fase de relevo entre ejecutivos.
Por otro lado, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha defendido que el decreto ley convalidado suaviza una normativa que imponía límites que, a su juicio, bloqueaban el funcionamiento ordinario de la administración en una situación como la actual. Ha calificado la reforma como una “corrección justa y necesaria” de la ley original aprobada por un gobierno del PP.
En este contexto ha subrayado que la situación que se pretende corregir “no es fruto de la casualidad ni viene por arte de birlibirloque”, sino que tiene “responsables claros” que son José Antonio Monago, impulsor de la ley, y María Guardiola, que optó por convocar elecciones sin dialogar con Vox, ha afirmado. Por ello, ante “la falta de previsión” del PP, ha defendido que su grupo ha actuado “con responsabilidad” y “sin pedir nada a cambio”.
Asimismo, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha valorado positivamente la presentación de este decreto ley, que, en su opinión, demuestra que el gobierno de la Junta se pone “al servicio” de los ciudadanos extremeños.
Al mismo tiempo, ha expresado sus reservas sobre si PSOE y Unidas por Extremadura han leído y entendido realmente el contenido del texto, ofreciéndose a aclararles los motivos y las implicaciones de su convalidación.
Críticas del PSOE y Unidas por Extremadura
En el turno del PSOE, el presidente del grupo, José María Vergeles, ha sostenido que el decreto ley convalidado carece de una verdadera justificación de urgencia y lo ha calificado de “atropello”, al tiempo que se ha preguntado “cuánto tiempo más nos van a tener en funciones”.
En este sentido, ha defendido que los socialistas han actuado de forma “responsable” y no han bloqueado su aprobación, aunque ha reiterado su exigencia de que se tramitase como proyecto de ley para que dispusiera de “todas las garantías”.
Por su parte, la presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha avanzado que su grupo no iba a ser “cómplice de este engendro democrático”. “Ni siquiera vamos a votarlo, porque lo que no es legal no se puede legitimar con nuestro voto”, ha manifestado.
De Miguel ha tildado el decreto ley de “barbaridad jurídica” y de “absoluto esperpento”, que además saldrá adelante con el apoyo de quienes “tienen paralizada esta región desde hace cinco meses y la tienen paralizada por puro capricho y tacticismo electoral”.
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