La candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha reiterado su rechazo frontal al modelo migratorio del Gobierno central, al que ha calificado de "roto, improvisado" y "negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico se plantará ante "cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".
"Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad", ha subrayado Guardiola como "principio" que, según ha remarcado, se ha dejado "claro" en el acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox en Extremadura.
En su intervención durante el debate de investidura que se celebra esta tarde en la Asamblea, Guardiola ha sostenido que el sistema impulsado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez "no es un modelo migratorio mínimamente responsable" y que, en consecuencia, la Junta de Extremadura se opondrá "a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes".
Según ha añadido, esta posición se adopta "en coherencia" con el recurso de inconstitucionalidad que la Junta ya presentó contra el Real Decreto de reparto de menores, bajo la premisa de que "los menores que ya están aquí merecen un modelo de gestión digno, ordenado y sin masificación".
Ha advertido de que "no podemos dar por bueno ni ser partícipes de un modelo incoherente e irrespetuoso con los derechos humanos. Un modelo errático, basado en la vía fácil y más provisional, y que no asegura ni la convivencia ni la cobertura de los mínimos derechos de las personas que llegan a nuestro país".
En esta línea, ha recalcado que la "actitud de seriedad y responsabilidad" del Gobierno de Extremadura en materia de inmigración "irá acompañada de transparencia, y la garantía de que cada euro público se destina estrictamente a cumplir las obligaciones legales y a preservar la dignidad humana". "Lo haremos vigilando que no se incentive, por ninguna vía, la irregularidad o la colaboración con quienes se lucran del drama de otros", ha incidido.
Guardiola ha explicado que se trata de un asunto, el de la inmigración, que "está en la calle" y que "preocupa a los españoles y los extremeños", y que, a su entender, "es algo que exige honestidad, claridad y que no admite más demagogia".
Tras recalcar que "el inmigrante no es un culpable por defecto" sino "una persona con sus derechos y con sus deberes", ha censurado que la gestión realizada por el Gobierno de Sánchez "ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano".
Un "fracaso cuyas consecuencias han tenido la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer", ha añadido Guardiola, quien ha criticado además que "por si esto fuera poco, la hoja de ruta migratoria del Gobierno de España no la han marcado los españoles" sino "la han marcado los mismos separatistas que aspiran a romper la unidad de la nación".
Ha remarcado que "Extremadura no va a mirar hacia otro lado. No vamos a ser cómplices del desorden ni del abandono. Vamos a decir la verdad, aunque incomode. Y vamos a exigir que quien tiene la responsabilidad, la ejerza".
Seguridad y lucha contra el fraude
En otro bloque de su discurso, se ha detenido en la seguridad, recordando que "no se puede hablar de convivencia sin orden, como tampoco se puede hablar de derechos sin responsabilidades". A partir de ahí, ha defendido como eje del acuerdo PP-Vox en esta materia que "para construir una sociedad cohesionada es fundamental que las normas se apliquen y se respete la libertad".
Para que estas ideas "no quede en meras palabras", ha señalado que el pacto contempla la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, cuyo objetivo es "combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita".
"La residencia efectiva tiene que demostrarse. Son las normas que nos hemos dado, y quien no las cumple o trata de beneficiarse de forma insolidaria, está impidiendo a las personas que más necesitan de lo público que obtengan la respuesta adecuada", ha argumentado Guardiola.
En este sentido, ha defendido que "quienes ocupan ilegalmente una vivienda, quienes delinquen, quienes optan por despreciar las normas de convivencia no pueden pretender estar antes que los que llevan años contribuyendo, respetando y cumpliendo". "Eso no es exclusión, eso es justicia", ha recalcado.
Al hilo de ello, ha recordado que la propiedad privada es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico y ha sostenido que debe protegerse mediante el desalojo efectivo de ocupaciones ilegales "en un plazo máximo de 24 horas, en coherencia con el marco legal vigente".
Respecto a las personas que sufren una ocupación, Guardiola ha avanzado que la Junta de Extremadura ofrecerá asesoramiento jurídico "inmediato" a los afectados, así como "acompañamiento institucional". Para los supuestos "más graves", ha anunciado la puesta en marcha de medidas de apoyo habitacional y social dirigidas a quienes vean vulnerado su derecho a la vivienda.
Ha reivindicado que "Extremadura es una tierra de concordia. No de imposición. Esta no es una tierra de revanchismo ni resentimiento, y así la vamos a gobernar", y ha añadido que, por ello, la acción institucional se alineará con los principios de "concordia, de reconciliación y de unidad".
"Porque, el sectarismo y el cainismo no han conducido nunca al progreso. Nos conducen en dirección contraria: en busca de ese odio que en el pasado llevó a la fractura. And esa lección, Extremadura no puede permitirse olvidarla", ha señalado Guardiola, quien ha destacado que en la región se sabe "vivir juntos siendo diferentes". "Construimos sobre lo que une y no sobre lo que divide. Y cumplimos las normas para no poner en riesgo la paz social. Esos son nuestros valores", ha concluido.