El reciente decreto ley que aborda medidas extraordinarias y urgentes para revitalizar las áreas devastadas por incendios forestales, ratificado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta, introduce un cambio crucial en la planificación urbanística de aproximadamente 260 municipios cuyo desarrollo está estancado debido a antiguas normativas.
Estos municipios, como ha detallado Saturnino Corchero Pérez, director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, tienen su planeamiento «bloqueado» de manera general, impidiendo así cualquier «modificación puntual». Esto se debe a una restricción específica en una disposición adicional de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), que limita la capacidad de los ayuntamientos de modificar los planeamientos previos a la Ley 15/2001 y los proyectos que restringen el suelo urbano.
Corchero reveló esta información durante una sesión de la comisión correspondiente en el parlamento regional en respuesta a una pregunta del diputado socialista Antonio Garrote, quien inquirió sobre los planes de la Junta para actualizar los planeamientos urbanísticos de todos los municipios extremeños como estrategia para enfrentar los problemas actuales de acceso a la vivienda.
El director general recordó que la Junta intentó resolver esta situación para los municipios de Extremadura en dos ocasiones con decretos previos, pero estos no prosperaron en la Asamblea de Extremadura debido al «tacticismo político» de la oposición. Aclaró que, hasta la fecha, «ninguno de los municipios en Extremadura ha adaptado su planeamiento» a la ley de 2018, y más de 260 municipios siguen con su planeamiento «bloqueado» sin poder realizar ajustes específicos debido a la mencionada limitación normativa.
Con la modificación en el nuevo decreto, «ya a partir de ahora pueden los municipios seguir modificando sus planes urbanísticos» para adaptarlos a «las demandas, necesidades, retos y actuaciones» de las zonas rurales, especialmente en lo que respecta a la ordenación relacionada con la prevención y extinción de incendios forestales, explicó Corchero.
Por su parte, el diputado Garrote criticó la gestión del Gobierno regional, señalando que si bien el Ejecutivo tiene sus responsabilidades, es crucial llegar a acuerdos con la oposición para que las medidas propuestas prosperen. Garrote describió la situación como un «batiburrillo» de decretos que complican la aprobación por parte de otros grupos parlamentarios, sugiriendo que no es el mejor enfoque para avanzar.