En la Asamblea de Extremadura, los partidos PP y Vox, utilizando su mayoría, han desestimado una iniciativa propuesta por Unidas por Extremadura que solicitaba la creación de una Oficina Autonómica contra la Corrupción. A pesar de esto, Unidas por Extremadura ha indicado que presentarán un proyecto de ley para fomentar la implementación de esta entidad contra el fraude.
Esta oficina, diseñada como una entidad especializada, independiente y con capacidad de operar de manera transversal en el sector público extremeño, tendría como objetivo primordial prevenir conductas corruptas, fomentar la transparencia, abrir un canal para la denuncia y la investigación de posibles anomalías administrativas, garantizar la protección de los denunciantes y colaborar con entes judiciales y auditores.
En defensa de la medida, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos cuestionó a los demás partidos sobre si tomarán «medidas a la altura del problema y de la preocupación ciudadana o «echarnos corruptos a la cara»». Según esta agrupación, la corrupción representa «un problema sistémico y estructural» relacionado con la histórica alianza entre los sectores político y económico.
Esta entidad independiente ya opera en comunidades como Cataluña, Navarra, Andalucía y Valencia, mientras que en Baleares fue eliminada tras un acuerdo entre PP y Vox. De acuerdo con los informes de estas oficinas, se ha demostrado que son «herramientas válidas» que cumplen con las recomendaciones emitidas por la Asamblea General de Naciones Unidas y por la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha).
Después de las «previsibles» respuestas de otros grupos parlamentarios, González Frutos anunció que su partido propondrá un proyecto de ley para establecer este organismo.
El diputado socialista Juan Ramón Ferreira admitió que su partido se siente «herido» por la «traición en forma de corrupción» y apoyó la propuesta, destacando que la confianza solo se recupera «con hechos y humildad». Por otro lado, el diputado de Vox Juan Luis Rodríguez Campos criticó la iniciativa de Unidas por Extremadura como «puro oportunismo» y cuestionó la independencia de la futura oficina, sugiriendo que podría no ser efectiva en prevenir casos de corrupción vinculados a altos cargos políticos.















