En una reciente votación en la Asamblea, los Grupos Parlamentarios del PP y Vox han unido sus fuerzas para vetar una iniciativa legal presentada por el PSOE, con apoyo de Unidas por Extremadura, que buscaba modificar parcialmente la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS). La propuesta tenía como objetivo principal prolongar en dos años el tiempo concedido a los ayuntamientos de la región para que ajusten sus normativas municipales a las directrices de esta ley.
El diputado socialista Fernando Rodríguez ha justificado la propuesta como necesaria tras el fracaso de un decreto ley anterior, criticando que el gobierno extremeño intentase ‘tocar demasiados palos y hacer chantajes con algunos temas’ con el objetivo de ‘justificar una vuelta al urbanismo más salvaje de principios del siglo’. Rodríguez ha admitido que ‘algo se ha hecho mal’ ya que, tras el período de seis años estipulado inicialmente, más de 200 municipios aún no se han adaptado.
Además, ha defendido la importancia de la LOTUS como ‘la garantía de que la disciplina urbanística no arrase’ con los alcaldes, y ha enfatizado la necesidad de adaptar ‘las normativas obsoletas a la realidad actual del urbanismo’ en la comunidad. Ha argumentado que este ajuste debe ser complementado por un ‘trabajo presupuestario exigente’ por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, criticando los presupuestos presentados para el año 2026 por no destinar suficientes recursos para la planificación urbanística de los municipios.
En respuesta a las críticas sobre la coherencia de su propuesta, Rodríguez ha recordado que ‘se va a tramitar como un proyecto de ley y se puede enmendar’. Por otro lado, el diputado del PP, Juan Luis Rodríguez Campos, ha cuestionado la propuesta alegando que ‘va en contra de lo que ustedes mismos han votado a favor hace dos horas’ y ha denunciado la redacción de la ley como una ‘bazofia jurídica’.
Finalmente, el diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, ha calificado la reforma como un reconocimiento del ‘fracaso estrepitoso’ de la ley de urbanismo, argumentando que ‘no corrige los errores de la LOTUS, los prolonga en el tiempo’ y que ‘no ayuda a los municipios, los mantiene atados’. Por su parte, María del Carmen Ibáñez Torres de Unidas por Extremadura ha lamentado la ‘oportunidad perdida’ para debatir sobre vivienda y ha apoyado la reforma por su potencial para ‘evitar el bloqueo del desarrollo urbanístico’ en la región.