QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La representante de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha enfatizado que la decisión unánime del Tribunal Constitucional contra el recurso interpuesto por la Junta sobre el derribo del Marina Isla de Valdecañas evidencia que “hubo políticos en nuestra tierra que se pensaban que estaban por encima de las leyes” y facilitaron “un complejo ilegal”.
Irene de Miguel ha recordado que el Partido Popular y el Partido Socialista promovieron esta medida, considerándola un proyecto de interés regional, lo que les otorgaba “carta blanca y le daba facilidades para empezar su construcción” a pesar de que, según ha indicado, “estaban incumpliendo las leyes”.
“Yo creo que ningún proyecto puede ver la luz incumpliendo las leyes porque entonces abriríamos un peligroso precedente”, ha alertado la política de la izquierda, durante una intervención ante los medios este miércoles en Mérida.
Respecto a los recursos pendientes, ha expresado su pesar porque Valdecañas “lleva ya 15 años al retortero por los innumerables recursos” interpuestos por una administración —la Junta de Extremadura— que “no entiende o no quiere comprender que las ilegalidades no pueden salirle gratis a nadie”.
En este contexto, se ha cuestionado cuánto dinero del presupuesto extremeño se ha invertido en recursos para este proyecto en lugar de “asumir que era un proyecto ilegal que había que derribar”. Además, ha rechazado que la demolición deba financiarse “con el dinero de los extremeños”.
“Aquí debería haber responsabilidades políticas, porque no puede ser que un proyecto de esta magnitud”, con un coste de demolición que se estima en “varios centenares de millones de euros”, “no puede ser que al final lo acaben pagando los extremeños y las extremeñas cuando hubo políticos que con su voto en esta asamblea dieron luz verde a un proyecto ilegal”, ha concluido.
