En el reciente Debate sobre el Estado de la Región, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha conseguido que se aprueben solo 26 de las 310 propuestas presentadas, de las cuales 308 fueron aceptadas por la Mesa de la Asamblea.
La agrupación expresa su decepción porque los otros grupos parlamentarios «solo haya aceptado el 8 por ciento de las iniciativas presentadas», a pesar de que algunas «han sido debatidas y aceptadas en la Cámara», incluidas en su lista de resoluciones al no haberse implementado aún.
De las propuestas aceptadas, algunas contaron con el apoyo del PP y otras con el del PSOE, mientras que Vox rechazó todas las propuestas de Unidas por Extremadura. Curiosamente, el diputado de Vox, Juan José García García, admitió que «no se las han leído», según declaró.
Entre las resoluciones aprobadas se destacan medidas clave para Unidas por Extremadura, como el desarrollo de políticas de transporte para mejorar la conectividad en zonas rurales, solicitando al gobierno la creación de un nuevo Mapa Concesional de servicios de transporte y la reapertura de líneas de tren importantes como la Ruta de la Plata y la línea Jerez de los Caballeros – Zafra.
Otras propuestas que obtuvieron luz verde incluyen un Plan de Choque para el campo, la promoción de la agricultura y la gestión del agua en Extremadura. Además, en el ámbito energético, se apoyaron iniciativas para fomentar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como la exploración de nuevas fuentes de energía.
No obstante, Unidas por Extremadura lamenta la negativa del Partido Popular a aprobar iniciativas «esenciales para responder a los problemas reales de los extremeños», mencionando varios planes estratégicos y medidas en educación, servicios sociales y vivienda que fueron rechazadas.
Adicionalmente, consideran un «error» que no se haya dado luz verde a propuestas para proteger el empleo en el desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz, entre otras. Y recalcan que «lo más grave» es la falta de condena a la cultura de la guerra, rechazando propuestas contra el aumento del gasto militar y el financiamiento a empresas armamentísticas en la región.















