En el reciente Debate de Estado sobre la Orientación y Política General de la Junta de Extremadura, Unidas por Extremadura ha introducido 310 propuestas de resolución, aunque dos de ellas fueron rechazadas por abordar temas fuera del ámbito competencial de la Administración regional. Estas propuestas buscan evidenciar una ‘alternativa a la política de privilegiados del Partido Popular’.
Las iniciativas presentadas apuntan a solucionar los ‘problemas reales de la inmensa mayoría de la ciudadanía’ y a fortalecer los servicios públicos.
Durante la defensa de las propuestas, el diputado Joaquín Macías de Unidas por Extremadura lamentó que ni la presidenta de la Junta ni otros grupos parlamentarios hayan mencionado la crisis climática o la crisis de recursos. También destacó cómo afectan a la región las tarifas impuestas por Donald Trump y la ‘crisis internacional’ actual, con ‘masacres’, invasiones y ataques a instalaciones nucleares.
Entre las propuestas, destacan un Plan Integral de Listas de Espera, que se aborde con ‘criterios clínicos’ y un Plan Estratégico de Atención Primaria frente al ‘deterioro importante’ reciente. Además, sugieren mantener la incompatibilidad actual de los jefes de servicio y sección del SES para trabajar en la sanidad privada y urgir el desarrollo del IV Plan Integral de Salud Mental.
En educación, demandan la homologación salarial de los docentes, la universalización de la educación de 0 a 3 años, y la restauración de la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales.
En el ámbito de servicios sociales, proponen medidas para revertir la precariedad en los recursos de protección y reforma de menores y en Dependencia, buscan implementar un sistema de atención ‘digno’.
En cuanto a la Central Nuclear de Almaraz, no solo buscan respetar el calendario de cierre sino también iniciar un plan de empleo y prejubilaciones. Además, en energía, proponen crear una empresa pública regional para asegurar la soberanía energética y establecer una tarifa eléctrica propia para Extremadura.
En Vivienda, sugieren regular los precios de alquileres y desarrollar un Plan de rehabilitación y alquiler de viviendas vacías. En Transportes, abogan por mejorar las conexiones de cercanías y carreteras de la región.
En Agricultura, piden asignar recursos a la comarca de Tierra de Barros y en Igualdad y Cooperación, exigen un registro urgente de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. Además, rechazan la Ley de Concordia y proponen ampliar la Ley de Memoria Democrática y la Ley LGTBI extremeña, además de rechazar subvenciones a empresas armamentísticas y crear una Oficina Antifraude regional.