El Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha introducido un total de 47 enmiendas parciales a la Ley de Concordia, promovida por PP y Vox, con el objetivo de modificar desde el título hasta la última coma de dicha legislación, la cual es el peaje que ha tenido que pagar María Guardiola para implementar su reforma fiscal.
La vocera del grupo, acompañada por el legislador Joaquín Macías, mencionó que de las más de 50 personas que han intervenido en la discusión parlamentaria de la ley, solo tres han apoyado esta infame ley que no viene a cerrar heridas, sino a instaurar una amnesia colectiva sobre un periodo muy oscuro de nuestra historia.
Críticas a la equiparación de víctimas y dilución histórica
Por esta razón, insisten en enmendar desde el título hasta la última coma, ya que consideran que una democracia saludable debe hacer justicia con su pasado y asegurar que no se repita, mediante un proceso de reparación, justicia y memoria.
En palabras de la portavoz, esta infame Ley de Concordia busca exactamente lo contrario, es decir, echar más tierra sobre las cunetas. Pretende que olvidemos lo sucedido y que las víctimas se igualen de manera absurda porque no se puede comparar a verdugos con víctimas.
Con respecto a la equiparación de víctimas desde la II República, incluyendo a las víctimas del terrorismo hasta hoy, criticó la mezcolanza absoluta que proponen PP y Vox, destacando que ya existe una ley de víctimas del terrorismo, cuya memoria ha sido dignificada adecuadamente, y no comprende por qué se intenta hacer un totum revolutum que diluye la importancia de la guerra civil y el franquismo en la historia del país.
Asimismo, destacó que víctimas, personas que fueron reprimidas, perseguidas, torturadas y asesinadas por sus ideas políticas y por su orientación sexual, también son afectadas. Por ejemplo, la cárcel de Badajoz, que fue un centro de reclusión para homosexuales en todo el estado.
Es curioso, señaló, que María Guardiola, defensora de la ley LGTBI extremeña, pretenda con esta ley derogar parte de los artículos de la misma y establecer un centro de memoria para las personas reprimidas por su orientación sexual.
En cuanto a la respuesta del Gobierno regional sobre continuar con las exhumaciones, Irene de Miguel aclaró que se llevarán a cabo gracias a los fondos estatales provistos por la ley nacional de memoria histórica, con la que se seguirá haciendo justicia con todas las familias que aún buscan a sus familiares.