QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo Unidas por Extremadura ha formalizado este 22 de octubre su enmienda a la totalidad contra el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, solicitando su devolución a la Junta. La formación política critica que los presupuestos son “muy mediocres” y busca, según ellos, facilitar un adelanto electoral deseado por la presidenta, María Guardiola.
Esta es la primera enmienda presentada, y hasta el momento, ningún otro grupo opositor, incluidos PSOE y Vox, ha confirmado si seguirán el mismo camino antes de que finalice el plazo mañana. La discusión de la enmienda de Unidas por Extremadura se llevará a cabo el próximo martes, 28 de octubre, en el pleno de la Asamblea.
Irene de Miguel, portavoz del grupo, ha expresado en rueda de prensa que la intención de Guardiola no es otra que no aprobar los presupuestos para poder convocar elecciones autonómicas “como le ha marcado” Alberto Núñez Feijóo, líder de su partido. De Miguel ha criticado duramente la actitud de la presidenta calificándola de ‘infantilista’ y ha señalado que los presupuestos no solo son mediocres, sino que continúan la tendencia de presupuestos previos que fueron “bastante ridículos” y no enfrentan los verdaderos desafíos de Extremadura.
Entre los problemas citados por De Miguel se encuentra la “emergencia habitacional”, ya que el presupuesto de la Consejería de Vivienda solo aumenta un 0,5%, y la política fiscal, que compara desfavorablemente con las políticas de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, calificándolas de “política fiscal colonial” que beneficia injustamente a los más ricos y a grandes compañías eléctricas a través de la reducción de la ‘ecotasa’.
DESMONTA LA POLÍTICA FISCAL DEL PP
En su enmienda, Unidas por Extremadura desmonta lo que consideran una política fiscal perjudicial implementada por el gobierno del PP, que insiste en que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. De Miguel argumenta que Extremadura solo se beneficia de menos del 1% de los beneficios fiscales comparado con más del 50% que recibe Madrid, y sostiene que esta política no favorece a los extremeños y sigue las directrices de políticas que solo tienen éxito en otras regiones como Madrid.
La política fiscal, según De Miguel, impide que la región afronte problemas graves como la homologación salarial de los docentes o las listas de espera en salud. También ha señalado la preocupante situación de los servicios públicos como la sanidad, con tiempos de espera que superan lo establecido por ley, y la educación, donde critica la apertura hacia la privatización. En cuanto a la dependencia, la califica de modelo ‘low cost’, siendo Extremadura la comunidad que menos invierte por residente.
