El portavoz de Educación de Vox en la Asamblea de Extremadura ha solicitado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que asuma «responsabilidades políticas» como principal responsable del desorden ocurrido en la educación de la región, especialmente con el conflicto del transporte escolar. Alega que este problema «se podría haber evitado» dado que el Ejecutivo regional acabó accediendo a «todas las reivindicaciones de las empresas» implicadas.
Este incidente revela, según el parlamentario, el «modus operandi» del gobierno liderado por Guardiola, caracterizado por una falta de negociación que culmina con acusaciones hacia la otra parte de romper acuerdos y de intentar actos ilegales. En el caso de la negociación presupuestaria de este año, la Junta «se levantó de la mesa en el último momento», acusando a Vox de solicitar «cosas ilegales», aunque luego similar solicitud fue hecha por el PP en otra región de España.
La situación se complicó cuando se intentó forzar a ciertas empresas a operar con pérdidas, lo que llevó a que no se presentaran ofertas para las rutas de transporte, describiendo una «negociación autoritaria» por parte de la Junta. Esto derivó en una denuncia penal por parte del gobierno regional por «coacciones y amenazas» a empresas, denuncia que más tarde fue retirada tras alcanzar un acuerdo, lo cual plantea dudas sobre la legitimidad inicial de las acusaciones.
García cuestiona la decisión de retirar la denuncia, argumentando que si se tenía evidencia de un delito, no debería haberse retirado. Este acuerdo evidencia para Vox la «incapacidad» del gobierno de Guardiola para manejar servicios públicos esenciales como la educación, y pone en duda la visibilidad y participación de la presidenta durante la crisis.
Finalmente, la falta de autoridad mostrada por Guardiola y su consejera de Educación, Mercedes Vaquera, evidencian, según Vox, la necesidad de asumir responsabilidades políticas claras ante la gestión del conflicto.