El pleno del Parlamento de Galicia ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Salud de Galicia que fija nuevas medidas para prevenir las agresiones a profesionales sanitarios, una iniciativa que, según la oposición, “no va a la raíz del problema”: “el deterioro del sistema sanitario”.
Al igual que ocurrió en la Comisión 5ª de Sanidade, el dictamen ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana han optado por la abstención.
La diputada del PSdeG Elena Espinosa ha insistido en que la norma “no ataca al problema de raíz” que, a su juicio, “no se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención”. Tras enumerar distintos episodios de agresiones y amenazas a personal sanitario, ha llamado a “reflexionar”, advirtiendo de que “no ir al fondo de la cuestión es un error”.
Pese a estas críticas, ha justificado el apoyo de los socialistas al texto al haberse incorporado parte de las enmiendas registradas por su grupo y “a la espera de que la protección legal tenga continuidad” y en una nueva fase se pueda “ir al fondo del problema”.
“No protege a los profesionales”, según BNG y DO
En la misma línea, Montse Prado (BNG) ha censurado que la modificación “se queda en punir” y “no protege realmente a los profesionales” que, ha reiterado, “se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes”.
Ha remarcado que los nacionalistas comparten “la tolerancia cero ante las agresiones”, pero discrepan sobre la vía elegida para afrontarlas. “El aumento de las agresiones tiene que llevar a tomar medidas”, ha defendido, para acto seguido remarcar que la ley “solo mira una parte del problema” y omite “a la situación de colapso y listas de espera”.
“Las agresiones no se producen fuera de una realidad concreta: un sistema sanitario deteriorado, con profesionales al límite, con listas de espera inaceptables”, ha sostenido, señalando que la coyuntura “es culpa” de un sistema que mantiene a los sanitarios “desbordados” y a las familias “desesperadas”. Ha reiterado que la Consellería de Sanidade debe dotar la norma de “recursos” porque, de lo contrario, ha advertido, “será un mal parche”.
En términos similares se ha pronunciado el diputado de DO, Armando Ojea, que ha cuestionado que se apliquen “medidas meramente coercitivas” y “a posteriori”, reclamando al Gobierno gallego que vaya “a la raíz del problema” y apueste por “mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y los servicios para que no se den estos casos”.
El PP reivindica el acuerdo y la prevención
Por su parte, Encarnación Amigo (PPdeG) ha puesto en valor algunas de las medidas incorporadas, subrayando que “ha habido diálogo y cesiones” con la oposición y “ganas de llegar a acuerdos” ante una tendencia que ha calificado de “preocupante”.
“Esto no es una batalla partidista, es para proteger a los profesionales sanitarios que sufren agresiones. En esa responsabilidad algunos estuvimos a la altura y otros decidieron quedarse fuera”, ha recalcado la diputada popular.
La Xunta defiende que la ley “no se limita a sancionar”
En la recta final del debate ha intervenido el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha agradecido a los grupos “el compromiso y responsabilidad institucional”, ya que, “más allá de diferencias ideológicas”, en su opinión, “se ha evidenciado una voluntad compartida para avanzar en la protección de las personas que sostienen cada día el sistema”.
“Cada agresión es un hecho inaceptable”, ha enfatizado el titular de Sanidade, quien ha defendido que la ley “no se limita a sancionar”, sino que “refuerza la prevención, la formación y la protección de las víctimas, incorporando medidas de apoyo”.
Por este motivo, ha resaltado que con la norma aprobada “se eleva al máximo rango la prevención y protección frente agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud, público o privado”, cumpliendo así el objetivo de “proteger a quien cuida”.