La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha registrado un total de 40 enmiendas al informe del Mecanismo Conectar Europa (CEF), en las que fija como prioridad la culminación del Corredor Atlántico dentro de las redes transeuropeas de transporte RTE-T en el eje A Coruña - Vigo - Oporto.
En estas propuestas se plantea también reforzar la conexión con las infraestructuras ya existentes, como los puertos de Vigo y A Coruña, los aeropuertos, los puertos secos como Plisan, las autopistas del mar y las redes ferroviarias. Además, se reclama la modernización de líneas ferroviarias en desuso, entre ellas la conexión Vigo-Ourense.
“El BNG en el Parlamento Europeo defendemos que para Galicia es prioritario finalizar el Corredor Atlántico y, en este sentido, estuvimos trabajando en las enmiendas que presentamos”, ha indicado Ana Miranda, que subraya que se trata de una “demanda histórica” y que “gracias al BNG en las enmiendas aparece de forma explícita que la conexión de Galicia con la red transeuropea de transporte tiene que ser mejorada y finalizada”.
En relación con la financiación, la eurodiputada gallega explica que el CEF dispone de fondos directos, canalizados a través de convocatorias públicas en las que solo los Estados y los territorios descentralizados, como Galicia, pueden solicitar recursos para las redes RTE-T.
“Para Galicia es fundamental aprovechar estos recursos, que pueden ser completados con otros fondos como los Feder en el objetivo de desarrollar otros proyectos como la salida sur de Vigo”, añade Ana Miranda.
Otras enmiendas sobre cooperación transfronteriza
Entre las demás enmiendas registradas por Ana Miranda figuran las relativas al reglamento 2025/925, conocido como BridgeforEU, del que fue co-relatora. Esta normativa persigue suprimir obstáculos administrativos, sobre todo en el ámbito transfronterizo entre Galicia y el norte de Portugal.
Las propuestas inciden, además, en el protagonismo de las ciudades y pueblos europeos situados en zonas de frontera, así como en las AECT y otras fórmulas de cooperación territorial transfronteriza reconocidas, incluidos los Puntos de Coordinación que deberían establecerse con la nueva legislación comunitaria.
En este contexto, se plantea que estas entidades sean consideradas sujetos jurídicos elegibles a efectos del reglamento, siempre que los solicitantes acrediten el respeto íntegro de la normativa ambiental de la Unión Europea.
Por otro lado, en el ámbito del CEF dedicado a la energía, que apoyará proyectos de infraestructuras energéticas transfronterizas en los sectores de la electricidad, el hidrógeno y el transporte de dióxido de carbono, así como iniciativas en energías renovables, Miranda ha registrado enmiendas para reclamar el reconocimiento de todas las comunidades energéticas, como la del Rosal, incorporando también la cooperación transfronteriza con el fin de reforzar la red RTE-E.