Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, ha exigido al Gobierno estatal tomar medidas para prevenir el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por Telefónica, al calificarlo de «injustificado».
Mediante un comunicado, el representante nacionalista ha anunciado que ha presentado solicitudes de acción urgente para que el Ejecutivo actúe ante esta situación que podría impactar a más de 150 empleados en Galicia.
El Bloque Nacionalista Galego argumenta que Telefónica, a pesar de que el 10% de su capital es propiedad de la SEPI, «continúa presentando lucros millonarios»: «solo en 2024 declaró un lucro neto de 2.304 millones».
«No es aceptable que una empresa con beneficios sólidos elimine puestos de trabajo permanentes para llevar a cabo procesos de externalización y precarización buscando solo aumentar su margen de beneficio», enfatizó Rego.
Rego también critica que, tras la reforma laboral de 2012, que se mantuvo prácticamente inalterada con los cambios de PSOE y UP, se han simplificado estos despidos colectivos. «Eliminar la autorización previa de la autoridad laboral y permitir justificaciones mínimas para aplicar un ERE permite que empresas, incluso aquellas con grandes beneficios, puedan realizar un ERE», indica el diputado.
Además, el BNG destaca que en Galicia, «150 podrían perder su trabajo», lo que «supondría un impacto severo para el empleo y la calidad del servicio».
Frente a esto, el grupo nacionalista demanda una evaluación «pública y transparente» del ERE por parte del gobierno y que se reconozca que la propuesta de Telefónica «está injustificada» considerando la salud financiera de la empresa.
«El Gobierno debe usar su influencia como accionista a través de la SEPI para asegurar la defensa del empleo e intervenir como autoridad laboral en el proceso para bloquear el ERE», declaró Rego, subrayando la importancia de dialogar con los sindicatos para escuchar sus demandas y mediar para evitar la pérdida de «los más de 6.000 puestos de trabajo» a nivel nacional.
Finalmente, Rego reitera la necesidad de derogar completamente la reforma laboral de 2012 y «recuperar la autorización previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos para prevenir que las empresas los apliquen unilateralmente».