El BNG y el PSdeG han reclamado a la Xunta que pase de las palabras a los “hechos” para tratar de impedir la indemnización a la familia del dictador Francisco Franco por el Pazo de Meirás y que no se quede “en titulares”, después de que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunciase el lunes que el Gobierno gallego está dispuesto a “seguir de la mano” del Ejecutivo central en este proceso judicial.
Estas peticiones llegan tras conocerse que el Gobierno del Estado tiene previsto recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que, aunque confirma la titularidad pública del pazo, reconoce a los Franco el derecho a percibir una indemnización.
En la comparecencia posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, recalcó que el Ejecutivo estatal mantiene un “posicionamiento claro” y apuesta por impedir el abono de la compensación por la apropiación “indebida” realizada por la familia del dictador.
La responsable socialista, que avanzó que su grupo formulará una pregunta en el próximo pleno sobre este asunto, considera que el Gobierno gallego debe “estar al lado” del Ejecutivo de España para “defender los intereses de los gallegos y de las gallegas” y evitar que este debate “no se quede en un mero titular de un día”.
Declaración institucional propuesta por el BNG
La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha defendido que la Xunta, además de expresar su rechazo a la indemnización, convierta esas manifestaciones en “hechos decididos” que sirvan para proteger la memoria histórica y democrática del pueblo gallego.
Rodil detalló que su grupo ha planteado al resto de fuerzas una declaración institucional para reconocer como “hecho histórico” la recuperación de la titularidad pública del Pazo tras la sentencia judicial.
El texto incluye un segundo punto en el que se pide que el Parlamento de Galicia muestre su rechazo a la indemnización a la familia Franco, al entender que equivaldría a compensar económicamente a quien “robó, expolió y gozó” durante décadas de un bien que pertenece al conjunto de la ciudadanía.
La diputada nacionalista apeló al acuerdo entre todos los grupos y recordó que en 2017 la Cámara gallega ya aprobó por unanimidad exigir la devolución del pazo al patrimonio público “sin que implique un nuevo coste para el pueblo gallego, que ya lo asumió en 1938”.
La iniciativa del BNG también respalda la transferencia de la gestión a Galicia y reclama, entre otros puntos, garantizar una gestión compartida entre Xunta, Gobierno central y Ayuntamiento de Sada, asegurando la participación de la sociedad gallega en la definición de los usos y en la administración del espacio recuperado, que “debe estar centrado en la recuperación de la memoria histórica y democrática del pueblo gallego”.
El PPdeG, abierto a analizar un recurso
Por otro lado, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, al ser preguntado por este asunto, expresó su respeto a las resoluciones de los tribunales y afirmó que, si la intención de la oposición es estudiar vías para tratar de evitar la indemnización, será posible alcanzar un entendimiento. No obstante, avisó de que no contarán con el PPdeG si lo que se pretende es “llamar a no aceptar un pronunciamiento judicial”.
Pazos valoró positivamente que el Pazo de Meirás haya regresado al patrimonio público, un hito en el que, según subrayó, el Parlamento de Galicia “tiene que ver mucho y de manera muy significativa” gracias al impulso de las iniciativas que desembocaron en esta decisión.
“Somos muy respetuosos con las decisiones judiciales”, reiteró, para remarcar que en este caso hay un aspecto que “satisface a todos”, la confirmación del Pazo como bien público, pero otro que “deja un sabor agridulce”. Por ello, insistió en que el PPdeG está dispuesto a analizar “si hay posibilidad dentro del ámbito judicial de presentar un recurso bien articulado y con fundamento civil”.