BNG y PSdeG reclaman a la Xunta aclaraciones tras la denuncia de la Fiscalía a dos clínicas de Ourense por inflar facturas

BNG y PSdeG presionan a la Xunta tras la denuncia de la Fiscalía a dos clínicas de Ourense por presunta estafa y falsedad en facturas al Sergas.

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El BNG y el PSdeG han reclamado a la Xunta explicaciones después de que la Fiscalía provincial de Ourense haya presentado una denuncia contra dos clínicas privadas por un presunto delito de falsedad documental y estafa al Sergas, al haber incrementado de forma irregular las facturas de intervenciones maxilofaciales.

Por un lado, en una nota remitida a los medios, la diputada nacionalista Noa Presas, que ha avanzado que llevará este asunto al Parlamento de Galicia, ha señalado que se trata de un "doble escándalo", primero por, presuntamente, facturar la anestesia local como anestesia general para cobrar más de la Xunta y, segundo, porque "denota una enorme falta de control y vigilancia por parte del Gobierno gallego.

Noa Presas ha advertido de que la situación "es de tal gravedad" que exigen a través de la Cámara gallega explicaciones y que el Área Sanitaria de Ourense sea sometido una vez más a un informe del Consello de Contas y a una auditoría "exhaustiva". Además, ha recordado que ya en el año 2004 este organismo advirtió de irregularidades y privatizaciones en este área.

Presas ha incidido en que también entonces el BNG advirtió de que "la compra por parte del Grupo Recoletas de los dos hospitales privados de los que más depende la sanidad pública en Ourense comprometía la competencia y la prestación de servicios".

"Hay que vigilar hasta el último euro, pues tenemos que recordar que estamos hablando de dinero público que el Partido Popular decide sacar de la sanidad pública para dárselos a la privada, por lo que lo mínimo es que vigile y se asegure sobre el cumplimiento de todas las funciones que se le encomiendan", ha apuntado.

El BNG ha subrayado la urgencia de saber "qué medidas preventivas va a impulsar el Gobierno gallego para proteger la sanidad pública ourensana" ante posibles prácticas oligopólicas en el sector de la sanidad privada que puedan poner en riesgo el funcionamiento de los servicios, así como certificar si, en la actualidad, está garantizada la prestación de los servicios que se están derivando habitualmente".

El PSdeG critica la "falta de control" de la Xunta

En otro comunicado, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha informado del registro en la Cámara gallega de una batería de iniciativas tras conocerse la denuncia presentada por la Fiscalía por presunta estafa de estas clínicas en la atención a pacientes derivados por el Sergas.

Dacosta ha denunciado la "falta de control" de la Xunta que, según ha censurado, "lleva años mirando para otro lado" en las derivaciones a la privada; y ha exigido esclarecer responsabilidades, evaluar el alcance real de los hechos y garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos" ante un modelo de derivación a la sanidad privada que "lleva años funcionando con importantes deficiencias en materia de control, supervisión y garantías".

La parlamentaria socialista señala que "así lo señaló el propio Consello de Contas en el informe de fiscalización de 2024", cuando "alertó del uso excesivo de mecanismos ajenos a los procedimientos ordinarios de contratación pública y de la existencia de debilidades estructurales en el sistema de control".

El Grupo Socialista reclama al Gobierno gallego que abra "de inmediato" un expediente informativo sobre el conjunto de las derivaciones a centros privados en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras para detectar posibles nuevas irregularidades en la facturación, el control de las prestaciones y la aplicación de las tarifas.

También exige una auditoría independiente sobre los servicios prestados por centros privados con cargo al Sergas en este área sanitaria para garantizar que estuviesen cobrando correctamente.

Por último, pide que se tomen las medidas administrativas y sancionadoras que sean necesarias en función de las conclusiones del expediente y la auditoría, incluyendo "la revisión, suspensión o incluso la extinción de las autorizaciones de uso".