La Comisión Europea ha lanzado una nueva propuesta para el marco financiero plurianual del periodo 2028-2034, que implica una reducción aproximada del 25% en los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027, disminuyendo de 400.000 millones a un mínimo de 300.000 millones en comparación con el presupuesto anterior de largo plazo.
Durante su presentación ante la Eurocámara, el comisario europeo de presupuestos, Piotr Serafin, junto con Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, detallaron que a partir de 2027 se eliminarán las ayudas del segundo pilar de la PAC, centradas en el desarrollo rural y cofinanciadas por fondos regionales y nacionales, manteniendo solo las ayudas directas, que actualmente ascienden a 400.000 millones de euros y se reducirían a un límite de 300.000 euros que podrían ser complementados con planes nacionales.
El presupuesto total, que se conserva en aproximadamente 2 billones a precios corrientes, muestra un incremento en el gasto de defensa y reduce paralelamente la asignación a la PAC, coincidiendo con las manifestaciones de agricultores y ganaderos europeos frente a la Comisión en Bruselas contra esta reducción.
Además, el límite del gasto ha aumentado del 1,13% al 1,26% del PIB del bloque, aunque un 0,11% de este aumento se destinará a amortizar la deuda de los planes de recuperación y resiliencia.
«Lo que hemos salvaguardado son los pagos de las ayudas directas a los agricultores. Se trata del 80% o el equivalente a 300.000 millones de euros. Es una parte que está claramente salvaguardada y asegurada. Con los planes de asociación nacionales y regionales, hay potencialmente mucha más financiación accesible», explicó Von der Leyen en conferencia de prensa, agregando que la intención es hacer que la financiación sea «mucho más específica, esté mucho más centrada y que llegue más rápido y sea mucho más transparente». «La agricultura se beneficiará de ello», remarcó, pese a la reducción presupuestaria.
Finalmente, Von der Leyen recalcó que la propuesta es solo «el principio del proceso» y anticipó «un año y medio o dos de negociaciones» con el Parlamento Europeo y el Consejo.