La Comisión Europea ha comunicado su decisión de posponer hasta diciembre de 2026 la implementación de la legislación europea contra la deforestación, debido a las preocupaciones expresadas tanto por gobiernos como por empresas sobre la viabilidad de adaptarse a tiempo a las nuevas regulaciones.
“A pesar de nuestros esfuerzos en materia de simplificación, seguimos creyendo que no podemos prescindir de ello sin perturbar nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro y nos preocupa el sistema informático, dada la cantidad de información que introducimos en él. Por eso, junto con los colegisladores, solicitaremos un aplazamiento de un año”, explicó la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.
Olof Gill, portavoz comunitario, ha detallado en conferencia de prensa que uno de los principales motivos para este retraso es «evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas». “Aunque nuestros esfuerzos de simplificación han sido considerables, hemos llegado a la conclusión de que no podemos cumplir el plazo original sin causar perturbaciones en nuestras empresas y cadenas de suministro. En particular, tenemos serias preocupaciones en cuanto a la capacidad del sistema informático, dada la carga prevista”, añadió Gill.
Esta prórroga permitirá a las empresas abordar los riesgos identificados, incluido el diseño del sistema informático en términos de la capacidad necesaria. La normativa, que prohíbe la venta de productos como el cacao, el café o el aceite de palma que contribuyen a la deforestación de los bosques, entró en vigor el 23 de junio de 2023, pero ahora se contempla un nuevo aplazamiento de un año para facilitar una aplicación «sencilla y viable» de la ley.
La decisión busca también aliviar la preocupación de los socios internacionales por la complejidad del nuevo marco legal comunitario. De hecho, el pasado 9 de julio, ministros de Agricultura de 18 Estados miembros solicitaron, en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, relajar algunas disposiciones y sugerían un nuevo aplazamiento. El Parlamento Europeo también ha mostrado su preocupación, mientras que organizaciones ecologistas como WWF han criticado duramente la propuesta de aplazamiento.