La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que su grupo registrará este mes de abril en la Cámara gallega una proposición de ley con la que pretende “blindar la función social de la vivienda” y fijar un techo al número de viviendas destinadas a uso turístico.
El anuncio se ha realizado durante la inauguración de la jornada “A vivenda en Galiza. Retos e solucións”, organizada por el Bloque para debatir propuestas y alternativas en este ámbito, y en la que han intervenido especialistas como la directora general de Vivienda de Nafarroa, Elga Molina, los profesores de la USC, Andrés Quintiá y María José Piñeira, y la abogada y asesora de Agrelar Consultora, Mariola Pazos.
Pontón ha detallado que la iniciativa del BNG incorpora, entre otras medidas, la fijación de un límite al número de viviendas de uso turístico (VUT) en Galicia, un tope que deberá modularse según el impacto en cada zona.
Asimismo, la formación nacionalista plantea reforzar por ley la obligatoriedad de contar con licencia previa para las VUT, con una vigencia de cinco años prorrogables. Pontón ha subrayado la relevancia de esta medida, al recordar que la Xunta mantiene en su registro “muchísimas viviendas ilegales que no cumplen con la normativa”. “Creemos que hay que acabar con ese coladero y que esas viviendas de uso turístico tengan que cumplir la ley para poder salir al mercado”, ha añadido.
La proposición de ley incluye también la elaboración de un mapa que permita conocer la distribución territorial de las VUT, identificar quién es la persona física o jurídica titular de estos inmuebles, cómo se gestionan y qué efecto tienen las concentraciones de este tipo de alojamiento sobre el derecho a acceder a una vivienda habitual.
“Se trata de que el Gobierno utilice la capacidad legislativa que tiene para garantizar el derecho a una vivienda, en este caso regulando la VUT, que sabemos que es una cuestión que, en este momento, está incidiendo en muchas áreas a la hora de reducir el número de viviendas que hay destinadas al alquiler”, ha expuesto Pontón, defendiendo la urgencia de “impulsar medidas legislativas valientes y de calado” que protejan este derecho.
En esta línea, la líder del BNG ha reclamado que se blinde por ley la obligación de que la Xunta delimite zonas con regulación de precios del alquiler, de forma que pueda contener los fuertes incrementos que se están registrando.
También ha reclamado garantizar por norma la protección permanente de toda la vivienda protegida. Ha recordado que existen promociones de vivienda protegida que no se levantan sobre suelo público, pero reciben financiación pública y que, “en 15 años puede estar vendiéndose a precios imposibles en el mercado libre”. “Esta vivienda también tiene que tener protección permanente, toda la vivienda protegida tiene que tener protección permanente”, ha insistido.
Por último, ha avanzado que el BNG propondrá un paquete de reformas normativas para favorecer las cooperativas de vivienda en cesión de uso y el derecho de superficie.
Movilización de vivienda vacía y refuerzo del parque público
Además del frente legislativo, la organización nacionalista sitúa como segundo eje de actuación la puesta en alquiler de vivienda vacía, mediante una combinación de instrumentos que incentiven que una parte de estos inmuebles, especialmente en las áreas con mayor demanda, salga al mercado a precios asumibles.
Según ha señalado Pontón, una política activa de movilización de vivienda desocupada tendría un efecto muy relevante, máxime cuando Galicia es la segunda comunidad del Estado con mayor volumen de vivienda vacía y cuando solo en las grandes urbes hay “90.000 en esta situación”.
La tercera línea planteada por el BNG pasa por ampliar de forma sustancial el parque de vivienda pública, tanto con nueva construcción como mediante la compra y rehabilitación de inmuebles ya existentes, empezando por adquirir toda la vivienda protegida que sale al mercado.
En este punto, la portavoz ha criticado que en los últimos años se vendieron en Galicia 7.000 viviendas protegidas sin que la Xunta ejerciese su derecho de adquisición preferente, y ha advertido de que en los próximos cinco años caducará la calificación de vivienda protegida de otras 14.000. “Reclamamos que la Xunta compre todas esas viviendas para destinarlas a alquiler a precios asequibles que la gente de este país pueda pagar”, ha resumido.
Además, ha reiterado la conveniencia de activar un programa específico de compra de vivienda ya construida para dedicarla al alquiler social y asequible. “Estamos hablando de que se puedan comprar en los próximos cinco años 4.000 viviendas, hay fondos extraordinarios para hacerlo y lo único que falta es la voluntad de la Xunta para que esta sea una prioridad”, ha afirmado.
Pontón ha contrapuesto las propuestas del BNG a la actuación del Gobierno del PP, al que ha calificado de “incapaz” de dar respuesta a la crisis de la vivienda, un problema que, ha alertado, “se está convirtiendo en un factor de exclusión social y de desigualdad”.