El director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, defiende que en 2020 existía una «alarma social» ante la ocupación ilegal de viviendas, y ha justificado con ello que la Xunta aprobase medidas orientadas a combatir este fenómeno.
Además, y a las preguntas del diputado del BNG Iago Tabarés por el gasto del Gobierno gallego en cuestiones como convenios con el Consello da Avogacía Galega, Heriberto García ha advertido del aumento de casos en el primer trimestre de 2025, según los datos oficiales.
El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles «transgrede y afecta a la seguridad pública» y en 2020 «estaba reconocido» en preámbulos de diferentes leyes y documentos como circulares de Fiscalía. Negarlo, ha advertido el alto cargo al nacionalista, «es vivir una realidad paralela».
Por su parte, Tabarés ha criticado el balance de utilización del servicio dispuesto por la Xunta al amparo del mencionado convenio con el Consello da Avogacía Galega, en lo referido a la ocupación ilegal de viviendas.