El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma del Reglamento General de Costas en aquellos artículos que afecten de forma directa al régimen de vigencia y prórroga de las concesiones vinculadas a actividades económicas.
La iniciativa, impulsada por el PPdeG, se debatió en la tarde del martes en el pleno de la Cámara y quedó aprobada este miércoles gracias a la mayoría absoluta de los populares. Ninguna fuerza votó en contra, ya que los grupos de la oposición optaron por la abstención.
Durante el debate, el diputado del PP Miguel Fidalgo acusó al Ejecutivo de tener un “plan” para “expulsar progresivamente toda la actividad del litoral” y advirtió de que con la modificación del reglamento se pretende “abrir la puerta a revisar concesiones vigentes”. Aseguró que se va a “equiparar la situación de una batea con un chiringuito de playa” y alertó de que se ponen en riesgo 25.000 puestos de trabajo y 3.700 millones de euros de facturación.
La propuesta aprobada solicita también al Gobierno la convocatoria urgente de una conferencia sectorial en la que participen todas las comunidades autónomas para analizar el alcance de la reforma, dar respuesta a las alegaciones de Galicia y evitar que el periodo de consulta se convierta “en un trámite del expediente vacío de contenido”.
Asimismo, la iniciativa persigue garantizar la plena seguridad jurídica de las concesiones y de las inversiones realizadas, “evitando cualquier retroactividad material de las modificaciones reglamentarias”.
Entre otros puntos, se demanda la elaboración de un estudio sobre el impacto económico, social y laboral de los cambios previstos, así como asegurar una compensación por “cualquier modificación del plazo o de las condiciones de las concesiones ya otorgadas”.
En la discusión parlamentaria, Rosana Pérez (BNG) reprochó al Ejecutivo gallego que pretenda “meterle miedo a la gente” como ya, según dijo, ocurrió en 2024, la última vez que el Gobierno central intentó retocar este reglamento, en lo que definió como un “campañón” protagonizado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Por su parte, Carlos López Font (PSOE) criticó la “utilización del Parlamento” por parte del PP para “confrontar con el Gobierno de España” y se burló de que la proposición registrada por los populares fuera de 2024 y hayan tenido que introducir una autoenmienda con hasta nueve puntos.
PETICIÓN DE IVA FRANQUICIADO
Otra de las proposiciones no de ley debatidas el martes y aprobada este miércoles fue la del PPdeG en la que se insta al Gobierno a transponer la directiva europea que permite implantar el IVA franquiciado, lo que supondría para pequeñas empresas y autónomos la exención del impuesto hasta 85.000 euros de facturación. En esta ocasión, la iniciativa salió adelante con el respaldo del BNG y del diputado de Democracia Ourensana, mientras que el PSdeG se abstuvo.
En la defensa de la propuesta, Noelia Pérez (PP) acusó al Ejecutivo central de ser “el mayor clan de saqueadores de este país para empresas y autónomos”, ya que “lleva más de un año perjudicando” a este colectivo al no activar el IVA franquiciado que “se está aplicando en toda Europa menos en España”.
Además, advirtió de que ahora el Gobierno pretende “utilizar como moneda de cambio” a los trabajadores por cuenta propia, al comprometerse con Junts a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros con el objetivo de sacar adelante el decreto anticrisis.
En respuesta, el diputado del BNG Ramón Fernández Alfonzo presentó una enmienda de su grupo y cargó contra la Xunta por la “falta de política para proteger el empleo autónomo”.
Finalmente, Patricia Iglesias (PSdeG) afeó al PP que casi el 70% de las resoluciones del Parlamento gallego se limiten a formular peticiones al Gobierno central, algo que calificó de “desprecio” al trabajo de los diputados, al “no haber un control al Ejecutivo gallego”.