El Parlamento gallego ha dado luz verde a una iniciativa del PPdeG, respaldada también por el BNG, para instar al Gobierno central a que tenga en cuenta a Galicia en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030. La propuesta pide, además, que se articulen mecanismos específicos para atender los proyectos que pretenden instalarse en la Comunidad y que, "por falta de conexión, no lo pueden hacer".
La proposición no de ley, defendida en el pleno de este martes por el diputado popular Rubén Lorenzo, reclama igualmente al Ejecutivo central "incrementar la inversión total para la Comunidad" en este ámbito energético.
Al mismo tiempo, el texto exige que se facilite información detallada sobre la distribución territorial de la nueva potencia que se pondrá a disposición del consumo, cuestión que consideran "imprescindible para elaborar una nueva planificación industrial y energética para los próximos años".
En la tramitación de la iniciativa se incorporó una enmienda del BNG que urge a la Xunta a reclamar al Ministerio una "urgente solución" para el nudo de transición energética de As Pontes, dado que "actualmente no existe ni capacidad de evacuación ni de acceso a la red de transporte".
Lorenzo ha subrayado que Galicia "no acepta la discriminación" que, a su entender, el Gobierno aplica sobre la Comunidad, y ha exigido una "rectificación inmediata" de la actual planificación de energía eléctrica, en la que, ha remarcado, la provincia de Lugo "queda totalmente desconectada".
Desde el PSdeG, Patricia Iglesias ha replicado que Lugo "no se desenchufa", sino que lo que se desenchufa es "un proyecto concreto", en alusión a Altri.
"Lo único que les interesa es mantener vivo el relato victimista. La realidad es que de los proyectos industriales estratégicos declarados por la Xunta se han ejecutado cero", ha censurado, antes de achacar a la Administración autonómica un "fracaso absoluto" en materia de política industrial.
Variante Oeste de Caldas y acceso al puerto de Vilagarcía
En otro punto del orden del día, el pleno ha aprobado otra proposición no de ley del PP, con el apoyo del BNG y la abstención del PSdeG, para pedir al Gobierno que deje sin efecto el estudio informativo del proyecto "Variante Oeste de Caldas de Reis y Acceso del Puerto de Vilagarcía a la AP-9".
Tras el anuncio realizado la semana pasada por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre la cancelación del proyecto después del rechazo vecinal, la portavoz popular Paula Prado ha afeado a los socialistas que "reaccionaron solo cuando el PP trae esta iniciativa al pleno" y ha mostrado su desconfianza ante sus "promesas". Por ello, ha advertido de que, mientras no se publique la decisión en el BOE, seguirán "descreyendo esa paralización anunciada".
Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro ha defendido la actuación del Ejecutivo central, que, ha dicho, "escucha, dialoga y rectifica cuando es necesario". "Mientras hacían fotos e intentaban alarmar a los vecinos, otros hablábamos con las plataformas y trabajando con el Gobierno para buscar una solución real", ha reivindicado.
Castro ha reclamado además a la Xunta que recupere el proyecto de la VG-47 como alternativa a la PO-531, que conecta Pontevedra y Vilanova, con el objetivo de enlazar el Porto de Vilagarcía con la AP-9 "sin duplicar vías innecesarias".
Debate sobre el acuerdo UE-Mercosur
En el bloque económico de la sesión de tarde, las formaciones parlamentarias han abordado una proposición no de ley del Grupo Socialista en defensa de una aplicación responsable del acuerdo UE-Mercosur que tenga en cuenta la especificidad del sector primario gallego. La iniciativa fue rechazada tanto por el PP como por el BNG.
Lara Méndez (PSdeG) ha reclamado a Alfonso Rueda que acuda a Bruselas "a hacer algo más que teatrillo" y que se implique en la defensa de "los intereses del sector primario".
Asimismo, ha dirigido sus críticas al BNG, al que ha pedido "dejar de infundir el miedo como arma política", insistiendo en que el acuerdo UE-Mercosur "no elimina controles, no suprime estándares y no deja desprotegido al rural" gallego.
La propuesta socialista incluía también la exigencia de activar de forma "ágil" las "cláusulas de salvaguardia" y los instrumentos previstos en la PAC y en la Organización Común de Mercados "si se detectasen perturbaciones graves o riesgos acreditados para los sectores más sensibles", además de plantear medidas para reforzar la demanda interna de la producción gallega.
En nombre del BNG, Secundino Fernández ha reiterado que la formación está "en contra" del acuerdo UE-Mercosur por dos razones principales: porque "perjudica a las explotaciones agrarias gallegas" y porque permitirá la entrada de productos "que no cumplirán los estándares europeos".
En esta línea, ha reprochado a PSdeG y PPdeG que reclamen la activación de medidas de salvaguardia mientras sostienen el pacto comercial. "Si reconocen públicamente los graves problemas que va a traer, ¿por qué votaron hasta tres veces a favor del acuerdo?", ha planteado.
Posteriormente, Miguel Ángel Viso (PPdeG) ha defendido la posición de la Xunta, que apuesta por "el cumplimiento estricto de las cláusulas salvaguardia, refuerzo de los controles en origen y en frontera y mantener intactos los fondos de la PAC".
Al mismo tiempo, ha puesto el acento en "la competencia desleal" que, a su juicio, "es el verdadero problema", y ha aprovechado para destacar las actuaciones impulsadas por la Administración autonómica, acusando a la oposición de "llegar tarde".
Actualización de salarios del personal público
En otro de los debates de la jornada, PPdeG y PSdeG han rechazado una proposición del BNG que instaba al Gobierno a presentar una iniciativa legislativa para que las retribuciones del personal empleado público se actualicen conforme al incremento real del IPC, mediante "una actualización automática y por mandato legal".
La propuesta, defendida por el diputado nacionalista Iago Tabarés y procedente de una iniciativa legislativa popular promovida por la CIG, planteaba fijar una cláusula de garantía salarial que asegurase "el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las trabajadoras públicas".
El Grupo Socialista ha votado en contra, reivindicando la "apuesta por el diálogo social" del Gobierno estatal con el fin de "fortalecer el sector público" y garantizar "condiciones dignas" para el personal.
Por su parte, el diputado popular Juan Manuel Casares Gándara ha recordado la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "que hizo un recorte de un 5,5% de media" y una "reducción de la base salarial que derivó en una dinámica de pérdida de poder adquisitivo".