El Parlamento gallego tiene previsto exigir este miércoles, 25 de marzo, al Gobierno central que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma del Reglamento General de Costas en aquellos artículos que afecten de forma directa al régimen de duración y prórroga de las concesiones que sustentan actividades económicas.
La iniciativa, promovida por el PPdeG, se ha discutido en la tarde de este martes en el pleno de la Cámara, aunque la votación se realizará el miércoles. Saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares.
El diputado del PP Miguel Fidalgo ha acusado al Ejecutivo de tener un "plan" para "expulsar progresivamente toda la actividad del litoral" y ha advertido de que con la modificación del reglamento se pretende "abrir la puerta a revisar concesiones vigentes". A su juicio, se va a "equiparar la situación de una batea con un chiringuito de playa" y se ponen en riesgo 25.000 empleos y 3.700 millones de facturación.
La propuesta reclama también al Gobierno la convocatoria urgente de una conferencia sectorial en la que participen todas las comunidades autónomas para analizar el alcance de la reforma, dar respuesta a las alegaciones de Galicia y evitar que el periodo de consulta se convierta "en un trámite del expediente vacío de contenido".
Asimismo, persigue garantizar la plena seguridad jurídica de las concesiones y de las inversiones asociadas, "evitando cualquier retroactividad material de las modificaciones reglamentarias".
Entre otros aspectos, el texto plantea elaborar un estudio del impacto económico, social y laboral de la reforma, además de asegurar una compensación por "cualquier modificación del plazo o de las condiciones de las concesiones ya otorgadas".
En el debate parlamentario, Rosana Pérez (BNG) ha reprochado al Gobierno gallego que busque "meterle miedo a la gente" como, según ha recordado, ya ocurrió en 2024, cuando el Ejecutivo central intentó por última vez modificar este reglamento, en lo que califica como un "campañón" impulsado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Por su parte, Carlos López Font (PSOE) ha criticado la "utilización del Parlamento" por parte del PP para "confrontar con el Gobierno de España". Incluso se ha burlado de que la propuesta registrada por los populares era de 2024 y que han tenido que introducir una autoenmienda con hasta nueve puntos.
PETICIÓN DE IVA FRANQUICIADO
Otra de las proposiciones no de ley abordadas este martes, que también será aprobada el miércoles con los votos del PPdeG, reclama al Gobierno la transposición de la directiva europea para implantar el IVA franquiciado, que permitiría a pequeñas empresas y autónomos quedar exentos de este impuesto hasta 85.000 euros.
Sobre este asunto, Noelia Pérez (PP) ha acusado al Ejecutivo central de ser "el mayor clan de saqueadores de este país para empresas y autónomos", ya que "lleva más de un año perjudicando" a este colectivo al no poner en marcha el IVA franquiciado, que "se está aplicando en toda Europa menos en España".
Además, ha alertado de que ahora el Gobierno pretende "utilizar como moneda de cambio" a los autónomos al comprometerse con Junts a eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros con el fin de sacar adelante el decreto anticrisis.
En la posición contraria, el diputado del BNG Ramón Fernández Alfonzo ha defendido una enmienda de su grupo y ha criticado a la Xunta por su "falta de política para proteger el empleo autónomo".
Finalmente, Patricia Iglesias (PSdeG) ha afeado al PP que casi el 70% de las resoluciones del Parlamento gallego se limiten a formular peticiones al Gobierno central, lo que considera un "desprecio" al trabajo de los diputados al "no haber un control al Ejecutivo gallego".