El Partido Popular de Galicia ha utilizado este miércoles su mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo para bloquear el “escudo social gallego” planteado por el BNG, un paquete de 10 medidas destinado a mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.
En la sesión plenaria, el diputado nacionalista Brais Ruanova defendió una proposición no de ley con la que el BNG ponía sobre la mesa un plan de 10 iniciativas “concretas, urgentes y aplicables” para “proteger a las personas y al tejido productivo” ante el impacto de este conflicto.
Ruanova reclamó situar a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y blindar a los colectivos más frágiles mediante actuaciones como “duplicar el complemento autonómico para las pensiones no contributivas”, la creación de un bono de transporte social que convierta la movilidad en “un derecho” y el refuerzo de la Comisión Galega de Competencia para que “esta crisis no sea una excusa para el enriquecimiento ilícito de unos pocos”.
El parlamentario nacionalista instó también a desplegar plenamente las competencias en materia de planificación económico-industrial, de forma que organismos como el IGAPE velen por el tejido productivo “prestando atención cuestiones esenciales” como la defensa de los sectores más expuestos al encarecimiento de los combustibles —transporte, pesca y sector agroganadero—.
El BNG reclamó, además, medidas específicas para el “99% del tejido empresarial gallego”, integrado por pymes y autónomos, mediante nuevas líneas de apoyo y el refuerzo de las ya existentes, así como la puesta en marcha de un fondo de garantías logísticas que asuma los sobrecostes derivados de la crisis.
Como colofón, Ruanova abogó por activar un fondo extraordinario dirigido a los ayuntamientos para asegurar que “ningún gallego ni gallega quede atrás” con independencia de su lugar de residencia. “Estas medidas no son un catálogo de buenas intenciones, son una hoja de ruta clara”, defendió, reclamando un Ejecutivo gallego que se “anticipe” y “no llegue tarde”.
Críticas del PSdeG y defensa de la Xunta por parte del PPdeG
Por el Grupo Socialista intervino la diputada Patricia Iglesias, que reivindicó el paquete de actuaciones impulsado por el Gobierno central, al que se refirió como ejemplo de “hacer política útil”, y cuestionó la inacción de la Xunta. “Cric, cric, cric, silencio”, respondió irónicamente a su propia pregunta sobre qué está haciendo el Ejecutivo autonómico.
Iglesias reprochó que, al margen del anuncio realizado este miércoles por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre un plan gallego de 150 millones destinado a los sectores más golpeados por la guerra, el Gobierno autonómico no haya materializado todavía ninguna medida concreta y, a su juicio, “llega tarde”.
En nombre del PPdeG, la diputada Cristina Sanz abrió su intervención subrayando que el PP “no está a favor de la guerra” y cargando contra Sánchez y sus socios por utilizar este contexto como “una estrategia electoral bajo un eslogan populista falso y manipulador”.
Según Sanz, “a lo largo de estos días, Sánchez dedicó más tiempo a los eslóganes que a las soluciones”, mientras que, en paralelo, el Gobierno gallego habría trabajado “desde el primer día” “en contacto directo con los sectores afectados y planificando acciones para paliar los efectos negativos” del conflicto.
La parlamentaria popular censuró además que el presidente del Gobierno anunciase medidas “sin ningún tipo de diálogo con las comunidades”, pese a que conllevan “un impacto directo en las arcas autonómicas por afectar a varios impuestos cedidos”.
En este punto, señaló que Galicia deberá asumir más de 120 millones para sufragar las rebajas fiscales aprobadas por el Estado frente a la crisis energética, a lo que la Xunta sumará los 150 millones de euros avanzados este miércoles por Rueda.
Veto del PP a la condena de la guerra propuesta por el BNG
En la misma sesión, el grupo popular también votó en contra de otra iniciativa del BNG que instaba a la Cámara a condenar la “agresión militar injustificada y contraria” al derecho internacional contra Irán y la “criminal política imperialista de guerra e ingerencia que practican EE.UU. y sus aliados”.
El texto nacionalista llamaba, además, a que el Parlamento gallego apelase a la comunidad internacional —en especial a la Unión Europea, al Estado español y a la Xunta— para adoptar medidas que frenasen la escalada bélica y garantizasen el respeto al derecho de los pueblos a ejercer su soberanía sin injerencias externas, así como a cerrar las bases de Morón y Rota, poner fin a la participación en la OTAN y rechazar el envío por parte del Gobierno de medios y material de guerra a la zona en conflicto.