El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra de una proposición no de ley del Grupo Socialista que reclamaba instar a la Xunta a remitir, en el plazo de un mes, información detallada sobre el estado de elaboración del nuevo plan estratégico de salud mental, alegando que la Consellería prevé presentarlo “antes del verano”.
La diputada del PPdeG Encarnación Amigo ha sostenido esta posición y ha cargado contra los socialistas, a quienes ha tildado de “oportunistas” y de registrar una iniciativa “llena de bulos”.
En su intervención, Amigo ha reivindicado la “apuesta del Gobierno de Rueda por la salud mental y la atención sanitaria”. “Los gallegos saben perfectamente quien trabaja y quien solo trata de confundir”, ha señalado.
Desde el PSdeG, Julio Torrado, encargado de defender la iniciativa, ha denunciado que la situación de la salud mental en Galicia se ha convertido en “un derecho privatizado, un privilegio”.
El texto socialista planteaba, además de exigir información sobre el desarrollo del plan de salud mental, la puesta en marcha de un plan específico de contratación de personal sanitario de salud mental, el refuerzo de la conexión entre los servicios de salud mental y la atención primaria, la mejora de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y la reducción de las listas de espera.
La propuesta incluía también la realización de campañas de sensibilización y de lucha contra el estigma vinculado a las enfermedades mentales, así como la presentación periódica de una evaluación de los indicadores de salud mental en Galicia.
“¿Actuarán o harán como siempre? Nuestra propuesta es tomar decisiones de verdad y solventar una situación que no se va a solucionar mañana pero, si no hacemos nada, mañana va a ser peor”, ha remarcado Torrado.
Atención psicológica a víctimas de violencia machista
En otra votación, el Grupo Popular ha rechazado igualmente una proposición no de ley del BNG relativa a la atención psicológica que reciben las mujeres víctimas de violencia machista.
La iniciativa nacionalista solicitaba remitir al Parlamento un informe, con los datos necesarios anonimizados, en el que se recogiese la información relativa a la queja tramitada por el Defensor del Pueblo, incluyendo “la cronología y secuencia de los hechos, la responsabilidad o responsabilidades de la denegación de continuidad y las medidas tomadas al respecto por el gobierno gallego una vez recibida la correspondiente recomendación de la defensoría”.
Asimismo, el BNG pedía que se estudiase la necesidad y la viabilidad de ampliar el número de sesiones que se ofrecen en el programa de intervención para víctimas de violencia más allá de las contempladas como excepcionales en la actualidad, con el fin de “cumplir los objetivos terapéuticos y hacer un seguimiento suficiente que asegure más posibilidades de éxito en la recuperación”.
Por último, la propuesta instaba a impulsar y dotar presupuestariamente un calendario para el cumplimiento y desarrollo del artículo 25 de la Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género”.