El Partido Socialista de Galicia ha denunciado el “desequilibrio en la Policía Autonómica” al sostener que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dispone de 20 agentes autonómicos dedicados a su seguridad personal, mientras que únicamente 13 efectivos se encargan de la protección de mujeres víctimas de violencia machista.
En una nota remitida a los medios, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Paloma Castro, ha acusado al Ejecutivo gallego de “traspasar una frontera institucional y ética que nunca se debería cruzar” al mantener las palabras del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien advirtió de que, si no se avanza en la renovación del convenio y en la mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de realizar otras funciones “que no sean de competencia autonómica” y señaló expresamente a la protección de las víctimas de violencia machista.
En este sentido, la diputada ha recordado que “42 mujeres fueron asesinadas en España este año, dos de ellas en Galicia, y más de 6.000 gallegas viven bajo seguimiento policial”. “En este contexto introducir una mínima duda sobre la continuidad de la protección es algo profundamente irresponsable y políticamente imperdonable”, ha remarcado.
Asimismo, la parlamentaria autonómica ha afirmado que “la Policía Adscrita tiene hoy más de veinte agentes destinados a acompañar y proteger al presidente Rueda en actos públicos y solo 13 para salvaguardar la vida de mujeres bajo amenaza real”. “Esa es la prioridad de la Xunta. No hace falta calificativos: basta con ver las cifras”, ha añadido.
Castro ha puesto el foco en que Calvo no rectificase y, por el contrario, “hoy se reafirmarse públicamente en su posición”: “No es una frase desafortunada, ni un mal día. No es una confusión. Es una decisión política asumida y defendida. Y es una decisión que afecta directamente a la seguridad de las víctimas y de la que tendrá que dar también explicaciones el presidente Rueda, como pidió ayer nuestro portavoz”, ha manifestado.
La diputada ha alertado de que esta postura “coloca la Xunta en un terreno que un gobierno responsable no debería pisar nunca: lo de la utilización de mujeres en riesgo como elemento de presión partidaria”. Además, ha recalcado que “cuando lo que está en juego son venidas, no hay margen para tácticas políticas”.
En este contexto, Paloma Castro ha incidido en que “el presidente tiene que decidir si se garantiza de forma inequívoca la protección de las víctimas o se las convierte en una variable de una negociación política” y ha recalcado que “No hay término medio. Con esto no se juega, como dijo ayer Besteiro”.
Por este motivo, la portavoz socialista ha reiterado la solicitud de comparecencia urgente de Diego Calvo en el Pleno del Parlamento, con el fin de que “explique sin evasivas cuál es la postura real del Gobierno gallego y cuáles son las garantías efectivas para las mujeres en esta situación”.
“El mensaje institucional debe ser claro, porque en Galicia las mujeres en riesgo deben de estar protegidas sin condiciones, sin amenazas y sin cálculos políticos. Cualquiera otra postura es inaceptable”, ha concluido.