Este viernes, el Gobierno de España intentará obtener el apoyo político de los ministros de la UE para avanzar en el estudio de su iniciativa que busca el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Tras varios intentos sin éxito, se busca que la medida, que necesita unanimidad de los socios, sea llevada a votación entre los 27 para su posible adopción.
Desde el acuerdo con Junts en agosto de 2023 para promover la oficialidad del catalán en la UE como requisito para la investidura de Pedro Sánchez, el tema ha estado presente en seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, incluyendo cuatro bajo la presidencia de España y otras con Bélgica y Polonia. En esta ocasión, no se propone como un punto para adopción, sino para debate, permitiendo a Fernando Sampedro, el secretario de Estado de la UE, solicitar una votación de último momento si lo ve necesario.
El debate en mayo fue ‘duro’, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, con Alemania expresando abiertamente su oposición. Varias delegaciones mantienen reservas ante preguntas sin responder sobre las implicaciones legales, prácticas y financieras de tal modificación en el reglamento de lenguas.
En un cambio de estrategia, el Gobierno español no presiona por una adopción inmediata, lo que es visto como una señal de ‘apertura y pedagogía’, según un diplomático en Bruselas. Sin embargo, para avanzar, se requiere un trabajo preliminar exhaustivo que aún no se ha realizado a nivel de los 27.
Esta semana, los presidentes de Cataluña y Euskadi, Salvador Illa e Imanol Pradales, han ejercido más presión sobre la UE con una carta enviada a los ministerios de Exteriores de los 27, reclamando ‘justicia lingüística’ para una iniciativa con ‘amplio respaldo social’, aunque sin el apoyo del presidente de Galicia, Alfonso Rueda.