La Xunta espera que el último fallo judicial sobre un parque eólico marque “un punto de inflexión”

La Xunta ve en el último fallo judicial sobre un parque eólico una posible salida al bloqueo del sector y reclama más apoyo estatal a la movilidad eficiente.

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La Xunta espera que la resolución más reciente de la justicia gallega sobre un proyecto eólico constituya “un punto de inflexión” hacia el “desbloqueo” del sector de las renovables en la comunidad.

Así lo ha manifestado este martes en comisión la directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, en respuesta a la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, que ha criticado a la Xunta por sus “improvisaciones continuas” y por la falta de una política energética “reconocible”.

La responsable autonómica ha expresado su deseo de que “se reactiven” los proyectos paralizados, recordando que en este momento permanecen suspendidos 85 parques eólicos.

Con todo, la Xunta sostiene que Galicia “se mantiene entre las tres comunidades con mayor producción de energía de origen renovable de España”.

“Galicia no tiene un problema de planificación, tiene un bloqueo judicial sin precedentes, pero se produjo recientemente una situación que da ciertas esperanzas”, ha subrayado Uría.

Desde el PSdeG, Patricia Iglesias ha reprobado las “presiones que se recibieron por miembros del PP” en el ámbito judicial —aludiendo a la sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de la que fue apartado el juez Luís Villares— y ha afirmado que “fueron salidas de tiesto por completo”. “Esos ataques fueron absolutamente fuera de todo respeto institucional”, ha remachado.

AUTOMOCIÓN Y MOVILIDAD

En la misma sesión, el director xeral de Planificación Enerxética, Pablo Fernández Vila, ha expresado su confianza en que el Gobierno central “rectifique, e igual que la Xunta, haga todo posible por incentivar la movilidad eficiente”, poniendo el acento en que “para eso, las ayudas a puntos de recarga son muy necesarias”.

Fernández Vila respondía así a una cuestión planteada por el diputado del PP Miguel Fidalgo, quien ha reiterado que “no se puede hablar de transición verde si no es socialmente justa”.